El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, ha afirmado que la seguridad ciudadana será la prioridad en la reciente solicitud de facultades legislativas aprobada por el Consejo de Ministros. Este proyecto abarca un total de 66 temas y tiene como objetivo fundamental atender diversas problemáticas que afectan al sistema penitenciario y judicial del país. Durante su intervención en Tacna, Álvarez destacó que esta iniciativa no solo es esencial para mejorar la seguridad pública, sino que también busca reformas necesarias para un sistema penal más justo y eficiente.
Una de las preocupaciones más críticas que Álvarez mencionó es el hacinamiento en las cárceles peruanas. Este problema ha persistido durante décadas y ha sido motivo de preocupación para diversas organizaciones de derechos humanos. El ministro subrayó que una de las medidas a considerar será crear condiciones más adecuadas en los centros penitenciarios, donde se reúnan internos de diferentes niveles de peligrosidad, lo que frecuentemente genera conflictos y situaciones de riesgo para los reos menos experimentados.
Además de tratar el hacinamiento, la propuesta del ministro busca abordar la convivencia entre internos con distintos antecedentes delictivos. Álvarez afirmó que es fundamental desarticular este peligroso esquema y proporcionar un ambiente más seguro y rehabilitador en las cárceles. Sobre este particular, el ministro enfatizó: «Vamos a empezar el camino para tratar de destrabar lo que ha existido durante décadas…» refiriéndose a la urgencia de implementar reformas que aseguren una correcta clasificación de los internos.
La seguridad ciudadana se ha convertido en un tema de gran relevancia en las agendas gubernamentales debido al creciente clima de inseguridad que vive la población. Según Álvarez, los ciudadanos merecen vivir sin el temor constante a la delincuencia. Por ello, él considera que la propuesta de facultades legislativas es un paso vital hacia la reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado, especialmente en el sistema judicial y de seguridad.
Finalmente, la respuesta de la ciudadanía y de las organizaciones civiles ante esta nueva propuesta será fundamental para su implementación. El apoyo de los diferentes sectores de la sociedad será crucial para avanzar en esta agenda, que no solo busca mejorar el sistema penitenciario, sino también garantizar la protección y el bienestar de todos los peruanos. Con el compromiso del ministerio y la colaboración del Congreso, se espera que estas reformas logren sentar las bases para una justicia más efectiva y un entorno más seguro para la población.
