En un esfuerzo conjunto por mejorar la seguridad en la región, la Fiscalía de Prevención del Delito de Piura llevó a cabo un operativo de control en las cocheras y talleres del distrito de Veintiséis de Octubre. Esta acción fue coordinada con la Policía Nacional y los gobiernos locales, y tuvo como principal objetivo prevenir delitos relacionados con el robo de vehículos. La fiscal provincial Berena Ballesteros Vigil, junto con sus fiscales adjuntos, Raquel Chinchay Chávez y Manuel Mena Ruiz, lideraron el operativo, resaltando la importancia de estas actividades para la seguridad ciudadana.
Durante la intervención, se realizaron inspecciones en cinco diferentes establecimientos, donde el personal de la Policía Nacional llevó a cabo controles de identidad y revisiones vehiculares tanto dentro como fuera de estos locales. Esta acción no solo permitió detectar irregularidades, como la presencia de placas duplicadas, sino que también facilitó la verificación de documentación y denuncias correspondientes para asegurar que ningún vehículo en riesgo de ser robado estuviera circulando en el área.
Como parte de la labor de control, los inspectores de la Municipalidad de Veintiséis de Octubre impusieron sanciones a dos cocheras por faltar a las ordenanzas municipales, evidenciando la normativa existente que busca regular el funcionamiento de estos establecimientos. Esto forma parte de un enfoque más amplio que busca no solo hacer cumplir la ley, sino asegurar que se establezcan estándares de vigilancia y cuidado en el manejo de vehículos ajenos.
Los representantes del Ministerio Público aprovecharon la ocasión para instar a los propietarios y responsables de los talleres a mantener un registro preciso de los vehículos que ingresan a sus instalaciones. Se les recordó que la falta de dicha documentación puede acarrear serias consecuencias legales, especialmente en el contexto del delito de receptación agravada. Con este llamado a la acción, se busca que todos los actores involucrados participen activamente en la lucha contra la criminalidad.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de seguir colaborando con la Policía Nacional y las autoridades locales en futuras operaciones de prevención. La labor coordinada es fundamental para disminuir los factores de riesgo que aquejan a la población, y responde a la Declaratoria de Emergencia que se ha establecido para enfrentar la creciente criminalidad en la región. Es un paso firme hacia la construcción de una comunidad más segura y protegida.
