El **Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh)** ha dado un paso significativo en su búsqueda por actualizar y reforzar el marco legal relacionado con la criminalidad en el país. Durante la sesión de instalación del nuevo Grupo de Trabajo Sectorial, liderada por el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se destacó la importancia de revisar las normas vigentes que han suscitado controversia y debate en diversos sectores. La reunión reunió a representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y académicos especializados, subrayando el enfoque multidisciplinario del equipo.
La creación del Grupo de Trabajo fue oficializada mediante la **Resolución Ministerial N.° 311-2026-JUS**, publicada el 23 de agosto. Su objetivo principal es realizar una evaluación integral de las normativas relacionadas con la criminalidad y consolidar las opiniones y propuestas de diversas instituciones, así como de la academia y la sociedad civil. Este enfoque busca no solo actualizar leyes existentes, sino también formular proyectos de ley concretos que respondan a los desafíos actuales en el ámbito de la justicia penal.
Esta revisión legislativa surge como respuesta a las críticas dirigidas a un conjunto de leyes aprobadas por el anterior Congreso, las cuales han sido denominadas «procrimen» por sus detractores. Estos críticos argumentan que tales normativas han debilitado las herramientas disponibles para investigar y perseguir delitos graves como la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado. En este contexto, la implementación de este Grupo de Trabajo busca abordar estas preocupaciones y restaurar la eficacia del sistema judicial en la lucha contra la criminalidad.
Según declaraciones de Álvarez, el grupo revisará todas las normas publicadas entre 2021 y 2026 que impacten en la lucha contra la delincuencia, aunque aún no se ha publicado una lista oficial de leyes a evaluar. La tarea del equipo incluirá definir prioridades, analizar los efectos de las modificaciones normativas previas y, en su caso, proponer cambios que fortalezcan el sistema jurídico. Este proceso es crucial para asegurar que la legislación se adapte a las necesidades actuales y futuras del país.
El equipo estará presidido por el viceministro de Justicia, Juan Falconí, y contará con la participación de los viceministros del sector, así como el jefe del INPE y el director de Asuntos Criminológicos. La diversidad de perspectivas presentes en este grupo técnico es fundamental para abordar de manera integral los retos que enfrenta el sistema de justicia. La iniciativa también destaca el compromiso del gobierno para garantizar que la legislación en materia de criminalidad no solamente sea efectiva, sino también justa y respetuosa de los derechos humanos.
