La reciente auditoría realizada por la Contraloría ha revelado un presunto fraccionamiento de contrataciones por más de S/1.3 millones en el Gobierno Regional de Arequipa, específicamente en los trabajos de mantenimiento de cuatro colegios públicos. Este fraccionamiento, según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 024-2026-2-5334-AC, derivó en un perjuicio económico que asciende a S/220,239, ocasionado por irregularidades en la ejecución de los contratos, que han despertado la preocupación sobre la gestión de recursos en la región.
Los colegios afectados son Nuestra Señora del Carmen, Santa Rosa de Lima, Manuel Muñoz Nájar y Mayta Capac. De acuerdo con la Contraloría, aunque se aprobaron los trabajos mediante administración directa, casi todas las actividades fueron realizadas a través de terceros, lo que va en contra de las normativas que buscan mayor transparencia en el uso del presupuesto público. Esto ha llevado a cuestionar la idoneidad del proceso y la correcta utilización de los fondos asignados para la educación.
La auditoría ha evidenciado que las contrataciones fueron fraccionadas en órdenes de compra individuales, cada una de ellas por debajo del monto de 8 UIT. Esto fue catalogado por la Contraloría como un indicio claro de fraccionamiento, dado que varias de estas órdenes estaban destinadas a trabajos que constituían una sola intervención. Este tipo de maniobra es considerado una práctica irregular que podría facilitar la desviación de recursos públicos.
Adicionalmente, la auditoría reveló irregularidades en el alquiler de vehículos para los trabajos de mantenimiento, donde un mismo chofer figura en distintas órdenes de servicio en fechas coincidenciales. Esta situación no solo genera dudas sobre la veracidad de los servicios prestados, sino que también pone de manifiesto la falta de control en la gestión de las contrataciones. También se encontraron inconsistencias en los documentos de conformidad, lo que agrava aún más la situación.
Finalmente, el informe ha puesto en la mira a 12 exfuncionarios y exservidores del actual gobierno regional por presunta responsabilidad penal, civil y administrativa, recomendando acciones legales pertinentes. El Gobierno Regional de Arequipa enfrenta ahora una fase crítica donde deberá justificarse ante la Contraloría y la opinión pública sobre la correcta gestión de los fondos dirigidos al mantenimiento de instalaciones educativas, esenciales para la formación de las nuevas generaciones.
