En Chiclayo, un grupo de trabajadores de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728, ha denunciado que llevan hasta cuatro meses sin recibir sus remuneraciones. Estos trabajadores, que incluyen a serenazgos y policías municipales reincorporados por disposición judicial, han presentado quejas formales ante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil). La situación ha generado preocupación, ya que el personal esencial de seguridad ciudadana enfrenta dificultades económicas debido a la falta de pagos, lo que pone en riesgo su sustento diario.
Según los reportes, los expedientes que se han presentado ante Sunafil revelan que varios agentes, incluyendo a los del Centro Operacional de Seguridad Ciudadana, han estado trabajando sin remuneración desde su reintegro a mediados de julio. Un trabajador señaló que no recibió el pago correspondiente a los meses de julio y agosto, lo que equivale a S/ 1,600, y ni siquiera cuenta con sus boletas de pago a la vista. Esta falta de pago ha llevado a muchos a cuestionar la transparencia y la eficiencia de la gestión municipal en el manejo de sus recursos.
El gerente municipal, Segundo Tiravanti Delgado, ha explicado que los pagos a estos trabajadores están condicionados a la obtención de una resolución judicial firme que permita su inclusión en el sistema administrativo. Atribuyó los atrasos en los pagos a la falta de transferencias del Gobierno central, indicando que la comuna prioriza los salarios de aquellos con sentencia firme. Sin embargo, esta justificación no ha sido suficiente para calmar las inquietudes de los trabajadores, quienes ven su situación de precariedad aumentar.
Tiravanti también hizo hincapié en que la recaudación tributaria y bonos del Ministerio del Interior afectan la capacidad de pago de la municipalidad y que no se cuenta con los recursos suficientes para satisfacer todas las obligaciones, como el seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y los aportes a la AFP. Lejos de ser un problema aislado, este retraso afecta la moral del personal de seguridad, generando tensiones y desconfianza hacia la administración municipal.
Finalmente, los trabajadores de seguridad han denunciado que a pesar de su situación, los locadores de servicios en la misma municipalidad reciben sus salarios puntualmente. Esto ha llevado a numerosos repuestos a inferir que hay un tratamiento desigual y a plantear preocupaciones sobre posibles represalias. Ante esta situación, los afectados exigen la intervención de Sunafil, esperando que se tomen medidas concretas para resolver esta crisis laboral y que se garanticen sus derechos como trabajadores.
