El trágico incidente en el Colegio Petronila Perea de Ferrando, ocurrido el 25 de agosto en Punchana, Loreto, dejó una profunda herida en la comunidad educativa. Un muro se derrumbó, resultando en la muerte de un estudiante y dejando a otro con heridas graves. Este hecho ha generado una rápida reacción por parte del Ministerio Público, que ha iniciado diligencias para esclarecer las responsabilidades, incluyendo la detención del director del colegio y de un docente involucrado. Las autoridades regionales, por su parte, prometieron realizar una revisión exhaustiva de las infraestructuras escolares para evitar que tragedias similares se repitan en el futuro.
El suceso ha generado un debate sobre la responsabilidad que recae sobre las diferentes instancias de la educación en el país. Normalmente, se tiende a culpar al Ministerio de Educación (Minedu) de todas las falencias en el sistema educativo. Sin embargo, la Ley General de Educación establece que las instituciones educativas, así como las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de Educación (DRE), también tienen competencias y obligaciones directas en la gestión y supervisión de los procesos educativos.
En este contexto de responsabilidad compartida, es fundamental que la comunidad educativa comprenda el papel de cada actor en la estructura del sistema educacional. Las instituciones educativas son las encargadas de implementar las normativas educativas en el día a día, mientras que la UGEL y las DRE deben supervisar y garantizar que se cumplan los estándares establecidos en las normativas. En este caso específico, la denuncia sobre el uso de combas para trabajos de demolición por parte de estudiantes bajo la supervisión de un docente plantea interrogantes graves sobre la seguridad y la gestión educativa en ese plantel.
Respecto a las reacciones del Gobierno Regional, que recién después del accidente anunció una revisión de las estructuras del colegio, es evidente que se requiere un enfoque proactivo en lugar de reactivo. La seguridad de los estudiantes debe ser una prioridad permanente, y las autoridades educativas deben implementar controles regulares de infraestructura que garanticen un entorno seguro para el aprendizaje. Este incidente debe servir como un llamado de atención para que se revisen protocolos y se fortalezcan las normas de seguridad en todos los colegios del país.
Las condolencias a los familiares de los afectados son necesarias, pero esto no puede sustituir a una revisión contundente de las prácticas y regulaciones en el ámbito educativo. Es imperativo que no se repita la narrativa de atribuir exclusivamente al Minedu la culpa en incidentes como este. Es un momento crucial para fomentar una cultura de responsabilidad compartida en la educación peruana, donde todos los actores asuman su parte en la formación y protección de los estudiantes, por el bienestar de toda la comunidad educativa.
