El partido político Ahora Nación ha tomado una decisión drástica al solicitar el retiro de sus candidatos a las alcaldías de Islay y San Juan de Tarucani debido a las serias implicaciones legales de sus antecedentes penales. Conocidos por la gravedad de sus sentencias, Domingo Román Suárez, candidato a Islay, y Edgar Choque Rodríguez, aspirante en San Juan de Tarucani, han expuesto a la organización a un dilema ético. Ambos casos reflejan una tendencia alarmante en el panorama político de Arequipa, donde se plantea la pregunta de la idoneidad de los candidatos que buscan ocupar cargos públicos.
Domingo Román Suárez, quien cumple condena por homicidio, no solo es un reflejo de un pasado criminal complicado, sino que también suscita cuestionamientos sobre el sistema de selección de candidatos dentro del partido. La decisión del Tribunal Nacional de Ética y Disciplina de Ahora Nación de suspenderlo evidenció el reconocimiento de que una figura con tales antecedentes podría dañar la imagen del partido y su credibilidad ante la población. Al presentar candidaturas, es fundamental que los partidos revisen la trayectoria de sus postulantes para evitar situaciones que puedan poner en jaque su integridad.
En paralelo, Edgar Choque Rodríguez enfrenta problemas similares tras haber sido sentenciado por violación sexual, lo que también conlleva consigo un golpe a la imagen de Ahora Nación. El procesamiento de una medida cautelar contra ambos candidatos es un testimonio del esfuerzo del partido por distanciarse de personas que han cometido delitos de tal gravedad. Sin embargo, esta situación ha llevado a cuestionamientos sobre la efectividad de los mecanismos internos que deberían prevenir la postulación de individuos con antecedentes criminales.
Es interesante notar que, aunque Ahora Nación ha solicitado la exclusión de estos candidatos por sentencias, no se ha hecho alusión a la llamada «reelección encubierta», donde alcaldes en funciones se inscriben como regidores, lo que ha sido un foco de debate en la región. En este contexto, la alcaldesa de Mejía y el alcalde de Bella Unión se encuentran en una situación delicada tras haber presentado sus renuncias. Esto indica que la crítica hacia la reelección encubierta sigue vigente, considerándose un mecanismo que evade la voluntad popular y contamina el proceso democrático.
Finalmente, la situación en Arequipa pone de manifiesto la necesidad urgente de una reflexión más profunda sobre la transparencia y las estrategias de selección de candidatos en los partidos políticos. Si bien Ahora Nación ha tomado un paso hacia el establecimiento de estándares éticos mediante la exclusión de personas con antecedentes delictivos, la lucha contra la reelección encubierta y otras prácticas que desvirtúan el proceso electoral es esencial para restaurar la confianza en el sistema democrático. Solo a través de un compromiso sincero con la ética sería posible redimensionar el mapa político de la región y asegurar una representación legítima ante la ciudadanía.
