En un contexto de creciente preocupación por el desabastecimiento de combustibles en la Amazonía, el ex viceministro de Energía, Arturo Vásquez, sugiere la necesidad de que el Ejecutivo emita un Decreto de Urgencia (DU) para permitir que los privados puedan abastecer la región sin la carga del Impuesto General a las Ventas (IGV). Este cambio temporal, con una vigencia recomendada de 45 días, podría ser vital para atender la crítica situación actual, ya que Petroperú, la principal entidad estatal que distribuye combustibles, se enfrenta a problemas financieros que han afectado su capacidad de almacenamiento y distribución.
Según Vásquez, aunque Petroperú debería estar operando bajo una ley que le permite vender combustibles sin IGV en la Amazonía, la realidad es que dicha empresa solo cuenta con dos puntos de almacenamiento: Pucallpa e Iquitos. La incapacidad de la empresa para abastecer los puntos adecuadamente ha generado un desabastecimiento que encarece los precios de los combustibles en esta región, dificultando la movilidad y el desarrollo de las comunidades locales.
El ex viceministro argumenta que, si bien Petroperú tiene la preferencia para proveer combustibles en la Amazonía, la situación financiera actual requiere de una respuesta rápida para involucrar al sector privado en el proceso de distribución. La eliminación temporal del IGV permitiría a estos privados ingresar al mercado sin tener que asumir una carga impositiva que podría desincentivar su participación, lo que a su vez podría contribuir a disminuir los precios.
Además del contexto normativo y fiscal, Vásquez señala que el problema de fondo también es logístico. La infraestructura de almacenamiento en Perú en general es deficiente, lo que impide no solo a Petroperú, sino también al sector privado, operar de manera eficaz. La falta de incentivos para que el sector privado invierta en el sistema de almacenamiento y logística agrava aún más la crisis, y debería ser un tema prioritario en la agenda del Poder Ejecutivo.
Con el desabastecimiento actual y la presión sobre los precios, se vuelve urgente que el gobierno tome acciones decisivas para garantizar un suministro estable y asequible de combustibles en la Amazonía. La posible implementación de un DU podría ser el primer paso para facilitar que empresas privadas asuman el rol de suministro mientras se resuelven los problemas internos de Petroperú, asegurando así el bienestar de las poblaciones más vulnerables de la región.
