La lucha contra el lavado de activos sigue siendo un tema crítico en Perú, y la reciente publicación del Informe Defensoría N.°286 por parte de la Defensoría del Pueblo ha puesto de manifiesto el profundo daño económico que puede provocar esta situación. La Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha manifestado su apoyo a la defensa de las instituciones, resaltando que las investigaciones deben ser agresivas y efectivas, pero también justas y oportunas. En un contexto en el que las relaciones comerciales y la reputación de empresas se pueden ver seriamente perjudicadas, es fundamental que los procesos penales no se extiendan de manera indefinida, como lo evidencian casos que han durado más de dos décadas sin una resolución adecuada.
El fenómeno del lavado de activos, que implica la introducción de dinero o bienes de origen ilícito en el sistema económico legal, afecta no solo a las entidades involucradas directamente, sino también al entorno económico y al sistema financiero en su conjunto. Con el mencionado informe, la Defensoría del Pueblo ha iluminado un tema que a menudo ha permanecido en la sombra. Durante años, la comunidad empresarial ha denunciado el impacto negativo de investigaciones prolongadas que a menudo resultan en absoluciones, dejando a su paso un rastro de incertidumbre y daños irreparables para las empresas afectadas.
El caso de Odebrecht y las investigaciones vinculadas al escándalo Lava Jato son ejemplos perfectos de la problemática en cuestión. La complejidad de estos casos ha llevado a que muchas investigaciones se prolonguen por 10, 15 y hasta 20 años. A pesar de que en algunos casos se ha llegado a sentencias absolutorias en primera instancia, el daño a los activos y la reputación de las empresas involucradas es significativo e incalculable. La CCL subraya que es esencial encontrar un equilibrio entre la lucha contra el crimen organizado y el respeto por los derechos constitucionales, incluyendo la presunción de inocencia.
La CCL también ha destacado que el combate al lavado de activos no debe sacrificar el debido proceso ni poner en riesgo la seguridad jurídica necesaria para fomentar la inversión y el crecimiento empresarial. Esto se traduce en que las investigaciones deben ser diligentes, pero respetuosas, garantizando un plazo razonable para cada uno de los casos. La realidad es que una investigación no debe ser interpretada como una condena previa que pueda destruir la viabilidad de una empresa antes de que se pronuncie una sentencia definitiva.
Finalmente, el llamado de la Defensoría del Pueblo a fortalecer el sistema judicial y a hacer visibles estas realidades en el debate nacional es un paso positivo hacia la creación de un entorno más predecible y justo. La CCL ha manifestado su disposición a colaborar en la formulación de propuestas que contribuyan a mejorar el proceso judicial y a proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, empresa y emprendedores. Solo a través de instituciones robustas y un marco legal claro se podrá enfrentar efectivamente al crimen organizado y, al mismo tiempo, garantizar la estabilidad económica y la confianza pública.
