El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, ha expresado serias preocupaciones respecto a la eficacia del sistema de flagrancia en la lucha contra delitos graves como el sicariato y la extorsión. Durante su intervención en el programa Punto Final, Gálvez señaló que este sistema fue diseñado para procesos más simples y no es adecuado para afrontar la complejidad de los delitos organizados. A pesar de su implementación durante dos años, el fiscal concluyó que en este tiempo no se han registrado casos significativos que demuestren su efectividad frente a estas problemáticas, lo que pone en tela de juicio su utilidad a la hora de garantizar la seguridad ciudadana.
Gálvez no solo cuestionó la aplicación del sistema de flagrancia, sino que también criticó a ciertos sectores políticos que buscan reforzarlo. En sus declaraciones, enfatizó que generar expectativas alrededor de su potencial para combatir el sicariato y la criminalidad organizada es engañoso. «Los delitos graves y complejos no entran dentro del sistema de flagrancia», aseguró, instando a replantear la estrategia que se sigue para abordar estas conductas delictivas. Para Gálvez, es crucial reconocer las limitaciones de este sistema antes de seguir promoviendo su uso como una solución mágica a la inseguridad.
En lugar de confiar en el sistema de flagrancia, el fiscal Gálvez propuso un enfoque más pragmático que se centre en la labor de inteligencia y operativa de la Policía Nacional del Perú (PNP). Considera indispensable que la PNP priorice su presencia en las calles, especialmente en áreas donde la extorsión y el sicariato son prevalentes. Gálvez sugirió que se debe invertir en la tecnificación de la Policía, para que esta pueda adelantarse a las acciones de las organizaciones criminales y enfrentar el paisaje delictivo con mayor efectividad, algo que actualmente no se logra al dividir recursos entre casos menores y delitos graves.
La propuesta de Gálvez llega en un momento en que el primer ministro, Luis Galarreta, ha anunciado la intención del Gobierno de optimizar el sistema de flagrancia en respuesta a la creciente preocupación por la inseguridad. Sin embargo, los comentarios del fiscal contrastan drásticamente con la dirección que parece tomar el Ejecutivo. Gálvez advierte que estos esfuerzos no abordarán la raíz de los problemas de criminalidad y sugiere que lo que realmente se necesita es un enfoque más robusto y especializado que prepare a la PNP para enfrentar de manera directa los retos que presentan los delitos complejos y organizados.
Finalmente, la crítica de Gálvez resalta una realidad difícil: la gran retroalimentación que existe en torno a la seguridad pública y la necesidad de que se tomen decisiones fundamentadas y efectivas sobre la estrategia a seguir. La vigilancia de la PNP y la intervención oportuna son elementos clave que podrían hacer la diferencia en la lucha contra el sicariato y la extorsión. Sin embargo, si se sigue privilegiando un sistema inadecuado como el de flagrancia, se corre el riesgo de perpetuar un ciclo de impunidad y desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad de los ciudadanos.
