Una reciente investigación ha puesto bajo la lupa los contratos otorgados dentro del programa Llamkasun Perú, administrado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Según un análisis de registros oficiales realizado por el programa «Cuarto Poder», se ha descubierto que varios aportantes a la campaña de Jessica Tumi Rivas, dirigente de Alianza para el Progreso (APP) y actual directora ejecutiva de Llamkasun Perú, fueron favorecidos con contratos públicos tras haber contribuido económicamente a su campaña electoral. Esta situación ha despertado inquietudes sobre la transparencia de los procesos de contratación y la ética en la gestión pública.
El informe destaca a Jean Pierre Ampudia Leguía, quien, tras aportar S/ 8.000 a la campaña de Tumi durante un breve periodo, logró obtener su Registro Nacional de Proveedores (RNP) y posteriormente, fue adjudicado contratos por S/ 12.000 en Llamkasun Perú. La anomalía es evidente, ya que antes de este acontecimiento, Ampudia Leguía carecía de experiencia previa en contrataciones con el Estado, lo que plantea interrogantes sobre la validez y legalidad de su selección como proveedor.
La investigación también reveló otros aportantes que se convirtieron en contratados en Llamkasun Perú. Entre ellos, Tania Zuleyka Canchapoma Hilario, quien aportó S/ 5.000, y Jorge Andrés Campos Gavidia, con un aporte de S/ 10.000, obtuvo numerosas órdenes de servicio. El caso de Álvaro Pérez García, que contribuyó con S/ 8.000 y también recibió órdenes de servicio, es otro ejemplo que se suma a esta lista cuestionable. Estos hallazgos sugieren un patrón preocupante en el que personas vinculadas a campañas políticas obtienen beneficios directos a través de contratos públicos.
Luis Lizano Caichihua, otro aportante mencionado, realizó un aporte de S/ 4.500 y recibió 13 órdenes de servicio en la entidad estatal. La coincidencia en la lista de aportantes y contratados supera la docena, lo que intensifica las sospechas sobre la conexión entre las donaciones de campaña y la asignación de contratos en el sector público. Estos hallazgos no solo ponen en entredicho la legitimidad de los procesos de selección, sino que también suscitan un llamado a la acción para reforzar los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito gubernamental.
Finalmente, la situación ha generado un intenso debate acerca de la falta de vigilancia y regulación en los contratos del Estado, así como la posibilidad de que programas como Llamkasun Perú sean utilizados para el beneficio de individuos con vínculos políticos. La comunidad exige transparencia y reformas que eviten este tipo de escenarios, donde el financiamiento de campañas electorales pueda influir en las decisiones de contratación pública. La investigación sigue su curso, y se espera que las autoridades pertinentes tomen medidas para esclarecer estos vínculos y asegurar una gestión pública más responsable.
