El Congreso de la República ha dado un paso importante hacia la mejora de la seguridad ciudadana en Perú, con una nueva propuesta de ley impulsada por la diputada Verónica Yonz. Esta iniciativa busca integrar las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP), los gobiernos regionales, municipalidades y otras entidades públicas en un sistema coordinado. La idea es que el Centro Nacional de Videovigilancia (CENVIR) de la PNP supervise esta red, lo que permitirá un mejor flujo de información y una respuesta más eficaz ante delitos.
La bancada Renovación Popular propone la creación de la Red Nacional Integrada de Videovigilancia, que unificaría los diferentes sistemas de cámaras de seguridad en todo el país. La diputada Yonz presentó el proyecto como una modificación al Decreto Legislativo 1218, que incluye un nuevo artículo reconociendo esta red como un componente esencial del sistema de seguridad nacional. La propuesta representa un esfuerzo por legislar de manera efectiva sobre la vigilancia pública, que ha sido objeto de críticas por su funcionamiento desarticulado.
El proyecto de ley destaca las disparidades en la cobertura de videovigilancia entre los diferentes municipios del país. Según el Registro Nacional de Municipalidades 2025, mientras el 100% de los municipios de Callao cuentan con cámaras, solo el 11,9% de las municipalidades en Amazonas tienen este equipamiento. Esta situación ha evidenciado la falta de una infraestructura de seguridad cohesiva, lo que ha llevado a un incremento en la criminalidad y ha puesto de manifiesto la urgencia de implementar una estrategia nacional más robusta.
Ante esta realidad, la propuesta busca no solo mejorar la cobertura y operatividad de los sistemas de videovigilancia, sino también asegurar el mantenimiento de los equipos existentes. La iniciativa se apoya en el aumento de los delitos y las deficiencias constatadas en las cámaras de seguridad de las municipalidades locales. Hasta ahora, los sistemas de vigilancia operan de manera independiente, lo que limita su eficacia y capacidad de respuesta.
Finalmente, la propuesta establece un marco legal que brindaría claridad sobre la rectoría del Ministerio del Interior, así como protocolos uniformes para el funcionamiento de los sistemas de videovigilancia. La inclusión obligatoria de la Policía Nacional, gobiernos regionales y entidades del Ejecutivo garantizará que el sistema sea coherente y eficaz. Con el respaldo de otros diputados, esta iniciativa podría cambiar drásticamente la forma en que se gestiona la seguridad ciudadana en Perú, enfrentando el creciente desafío de la criminalidad.
