El excongresista Alejandro Soto deberá cumplir con una sanción económica de más de S/300 mil, correspondiente a la reparación civil derivada de un caso de presunta estafa en detrimento de la empresa Transportes Waynapicchu. Esta decisión fue emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones de Cusco, resaltando que, a pesar de que la responsabilidad penal de Soto fue declarada prescrita, la obligación de indemnizar a la empresa afectada permanece vigente. Este fallo subraya la importancia del resarcimiento civil, incluso cuando las acciones penales han sido extintas.
La resolución del tribunal incluye un pago directo de S/20 mil por el cobro no entregado de S/11,111 que Soto había solicitado para la elaboración de estatutos que nunca fueron proporcionados a Transportes Waynapicchu. Además, se impone a Soto una indemnización solidaria de S/287,271 por la venta de un terreno a un precio exagerado en comparación con su costo original. Este caso pone en evidencia las controversias que rodean las transacciones empresariales y las implicaciones legales que pueden surgir de ellas.
Los hechos que motivaron este fallo se remontan a 2012, cuando Soto adquirió un predio por tan solo 5 mil dólares, para luego transferirlo a la empresa mencionada a un valor mucho más elevado. Este tipo de transacciones, además de implicar intereses financieros, también suscitan dilemas éticos y legales en el ámbito empresarial. La decisión del tribunal refleja la intención de sancionar prácticas comerciales desleales y proteger a los sectores vulnerables dentro del mercado.
Un aspecto relevante del caso es la naturaleza de la prescripción, que se activó con la implementación de la Ley 31751, la cual modificó el plazo de prescripción procesal de 18 a 10 años. Esta legislación, que Soto aprobó durante su etapa como congresista, ha tenido consecuencias directas en su situación actual. A pesar de que su responsabilidad penal ha prescrito, la normativa no excluye la obligación de reparar los daños causados, lo que demuestra la separación de las esferas penal y civil dentro del marco legal peruano.
La reciente sentencia resalta un punto crítico en la gestión de justicia en Perú, donde las decisiones judiciales buscan no solo castigar actos delictivos, sino también garantizar la reparación a las partes afectadas. Este asunto no solo afecta a Soto, sino que también posee implicaciones amplias para la confianza en el sistema jurídico y la percepción pública de la ética y la responsabilidad en la política. Mientras se desarrolla este caso, las autoridades y la ciudadanía observan atentamente el panorama legal y su efecto en futuras legislaciones y comportamientos empresariales.
