La Presidencia de la República ha anunciado recientemente que evalúa la posible derogación del Decreto de Urgencia (DU) que se encuentra en vigor para facilitar la reestructuración financiera de Petroperú, administrada bajo Proinversión. Esta decisión se ha tomado en medio de un contexto complicado para la petrolera estatal, que ha enfrentado dificultades financieras significativas. El exministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, por su parte, había revelado que Petroperú recibirá un salvataje adicional de S/ 500 millones, lo que sugiere que el gobierno continúa buscando formas de apoyar a la empresa en su complicada situación económica. La reciente asignación de $2,000 millones por parte del gobierno de Balcázar es una señal de la urgencia que enfrenta la administración respecto a la estabilidad de Petroperú.
Sin embargo, expertos en la materia critican las decisiones del gobierno. Carlos Gonzales, director gerente de Enerconsult, calificó el anuncio presidencial como negativo, sugiriendo que la derogación del DU podría complicar aún más la situación financiera de la empresa. Además, hizo hincapié en las declaraciones del presidente Balcázar sobre la rotura del gasoducto, sugiriendo que tales pronunciamientos son prematuros y contradicen el procedimiento investigativo que corresponde a Osinergmin. Gonzales planteó una interrogante crucial: si el colapso del ducto se debió a un acto de Dios, ¿por qué debería ser TGP quien asuma todas las pérdidas?
El 1 de marzo, el ducto de TGP sufrió una ruptura en el kilómetro 43 en Megantoni, lo que resultó en un desabastecimiento de gas natural. Este incidente ha sumado otra capa de tensión al ya delicado estado de Petroperú, cuya operación depende en gran medida del suministro de gas. La ruptura del ducto desconecta no solo a Petroperú, sino también a otros sectores económicos que dependen de un suministro confiable de energía. La incertidumbre sobre las responsabilidades derivadas de este colapso ha generado debates sobre las medidas que deben tomarse para evitar que una crisis técnica se convierta en una crisis económica.
La exministra de Economía, Denisse Miralles, quien se opuso a inyecciones de capital del Estado hacia Petroperú, ha destacado en varias ocasiones la necesidad de una reestructuración viable para salvar a la petrolera de un posible proceso concursal. Miralles advirtió que la situación financiera era insostenible, y el DU había ayudado a evitar que la empresa se enfrentara a acciones legales por parte de sus acreedores. Su posición se ha visto reforzada por la creciente presión de los resultados económicos, aunque la actual administración parece estar explorando alternativas de rescate que podrían no considerar las advertencias anteriores relacionadas con la urgencia de una reestructuración.
En el ámbito de la gestión gubernamental, el director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, había mencionado que se encontraba en negociaciones para cerrar una línea de crédito que oxigenaría a Petroperú. Sin embargo, la reciente destitución de José Jerí y otros cambios en el equipo administrativo bajo el gobierno de Balcázar han complicado esta situación. La salida de la gerente general de Petroperú, Rita López, y el reemplazo de Miralles por Luis Arroyo sugieren una inestabilidad en la política energética. Esta serie de eventos ha generado incertidumbre sobre el futuro cercano de la reestructuración de Petroperú, dejando en el aire el destino de una de las empresas más emblemáticas del país.
