El Poder Judicial ha dado un importante paso en la investigación preliminar del caso Ícaro, levantando el secreto de las comunicaciones del exministro del Interior, Juan José Santiváñez. Esta decisión fue anunciada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, quien a su vez autorizó el levantamiento de las comunicaciones de varios individuos considerados «terceros afectados» en el caso, siendo estos Percy Tenorio, Marco Palacios, Yessenia de la Cruz, Julissa Lores, Gregorio Villalón, Franco Parodi y Gianfranco Meza. La medida representa un avance significativo en las pesquisas que buscan esclarecer un presunto esquema de corrupción vinculado al control de una mina en Ayacucho.
La resolución judicial, emitida el pasado 12 de mayo, responde a una solicitud de la Fiscalía de la Nación, que busca acceder a un histórico de comunicaciones que abarca desde el 16 de mayo de 2024 hasta el 24 de marzo de 2025. Este acceso podría arrojar luz sobre presuntos delitos que van desde organización criminal hasta cohecho pasivo propio y negociación incompatible, así como peculado de uso y acceso ilícito en agravio del Estado. Estas acusaciones se enmarcan en una serie de irregularidades que han desatado una ola de corrupción en diferentes niveles del gobierno.
De acuerdo a fuentes de RPP, el juez Checkley ha ordenado a las empresas operadoras de telecomunicaciones que entreguen información detallada sobre llamadas, mensajes de texto y multimedia, así como datos técnicos asociados a las líneas de los investigados. La resolución subraya que esta información será utilizada únicamente para fines relacionados con la investigación fiscal, lo que garantiza que el proceso se mantenga dentro de un marco legal y transparente. Esta medida podría ser crucial para entender los vínculos entre los involucrados y descubrir la estructura del supuesto esquema delictivo.
A pesar de la extensión del levantamiento del secreto de comunicaciones para varios personajes implicados, el juez Checkley desestimó el pedido de la Fiscalía para levantar el secreto de las comunicaciones de Máximo Ramírez e Yber Torres. Esta decisión ha suscitado reacciones encontradas, ya que algunos analistas consideran que la inclusión de estos nombres en la investigación podría haber aportado información valiosa al caso, dada su cercanía con Santiváñez y otros acusados. Sin embargo, el magistrado fundamentó su decisión en la falta de evidencia suficiente que justificara dicha medida.
El caso Ícaro ha cobrado notoriedad en el ámbito público especialmente tras el operativo realizado por la Fiscalía en agosto del año pasado, que incluyó allanamientos en propiedades vinculadas a figuras clave como Nicanor Boluarte y Franco Parodi, así como a abogados cercanos a Santiváñez. Las acciones judiciales en este caso simbolizan un esfuerzo por parte del Estado peruano para enfrentar la corrupción y restaurar la confianza pública, a medida que la investigación continúa desarrollándose y se auguran más revelaciones en torno a este escandaloso caso.
