El gremio de transportistas ha manifestado su creciente preocupación frente al alarmante aumento de extorsiones que ha cobrado la vida de numerosos choferes en el país. Durante una conferencia de prensa, Julio Rau Rau, presidente de la Confederación Nacional de Transporte (Conet), junto a otros líderes del sector, indicaron que se está considerando la posibilidad de un paro nacional en respuesta a la crítica situación de violencia y extorsión que enfrentan. Rau Rau enfatizó que en los últimos días han ocurrido entre siete y ocho muertes, llevando el lamentable conteo a casi 90 fallecimientos en el sector transporte, lo que evidencia la urgencia de acciones concretas por parte del Gobierno y del Congreso.
Las críticas también se dejaron sentir tras la aprobación de un texto sustitutorio por parte de la Comisión de Constitución, que es considerado insuficiente por los transportistas. Rau Rau destacó que el nuevo protocolo no recoge las necesidades de seguridad que ha planteado el Ejecutivo, señalando que «no está bien que pongan condiciones» en un momento en que la seguridad del sector se ve comprometida. Esta situación ha suscitado un debate sobre la eficacia de las medidas legales implementadas para proteger a los choferes y su necesidad urgente de revisión frente a la escalada de la violencia.
La propuesta de huelga podría contar con el apoyo de alrededor del 90% del sector, según José Quispe, representante de Transporte Unido. Durante la conferencia, Quispe hizo un llamado elocuente al Congreso y al Ejecutivo para que tomen medidas decisivas en esta crisis de seguridad. «Si hoy o mañana pasara con nuestros compañeros cualquier atentado, ellos van a ser responsables», sentenció Quispe, reflejando la frustración y el sentido de abandono que sienten los transportistas ante la falta de respuestas efectivas a su situación.
La posible paralización de actividades del sector transporte representa no solo una preocupación para los choferes, sino también un impacto significativo en la economía nacional, dado que este sector es vital para la movilidad de bienes y personas. La amenaza de un paro nacional, que podría afectar a millones de usuarios del transporte público y privado, resuena en un contexto donde la criminalidad parece ganar terreno. La unión del gremio, en esta eventualidad, podría expresar una fuerte señal de protesta y urgencia hacia las instituciones gubernamentales para garantizar la seguridad.
En medio de este clima tenso, el llamado a la unidad y la acción de los transportistas pone de relieve una necesidad urgente de diálogo entre las autoridades y los representantes del sector. La situación actual exige no solo respuestas inmediatas como medidas de seguridad, sino también un compromiso a largo plazo para erradicar la extorsión y la violencia que ha cobrado tantas vidas. La comunidad, junto con los transportistas, espera que el Congreso y el Ejecutivo atiendan este clamor y actúen decididamente para proteger a quienes día a día contribuyen al desarrollo del país.
