El gobierno mexicano ha tomado una postura firme frente a las muertes de sus ciudadanos bajo custodia estadounidense y anunció la presentación de acciones legales en Estados Unidos. El Ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, subrayó que se emprenderán «acciones legales contundentes» para salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos. Este anuncio se produce en un contexto de creciente tensión entre México y Estados Unidos en relación a la gestión de la inmigración y al trato que reciben los migrantes durante su detención.
Entre los casos que han motivado esta respuesta se destaca el de Lorenzo Salgado Araujo, un inmigrante mexicano de 52 años que fue asesinado por un agente del ICE en Houston mientras supuestamente intentaba evadir su arresto. El hecho ha desencadenado protestas masivas y una fuerte condena social, evidenciando la indignación colectiva por la violencia ejercida contra ciudadanos mexicanos en territorio estadounidense. La familia de Salgado ha expresado su dolor y frustración, enfatizando que su padre no debía ser tratado únicamente como un «titular».
Los incidentes de violencia perpetrada por agentes del ICE no son aislados y han llamado la atención de legisladores estadounidenses que han exigido una investigación independiente sobre la muerte de Salgado. Estos cuatro legisladores demócratas recordaron que la violencia de los agentes federales no es un fenómeno nuevo y que ha habido otros casos, como los de Renee Good y Alex Pretti, que también han resultado en muertes y han desatado protestas a nivel nacional. El llamado a la acción por parte de estas figuras políticas refleja una creciente preocupación por el uso de fuerza letal por parte de las autoridades de inmigración.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha instado a pasar de las simples notas diplomáticas a medidas concretas enérgicas. Velasco afirmó que fue instruido directamente por Sheinbaum para solicitar que se investiguen las muertes de los ciudadanos mexicanos bajo custodia del ICE como investigaciones de carácter penal y no solo administrativos. La acción no se limitará a las denuncias penales, ya que el gobierno mexicano también está considerando demandas civiles contra las empresas que operan los centros de detención donde han fallecido sus nacionales.
Las muertes bajo custodia del ICE, que incluyen a al menos 14 mexicanos y otros tres en operaciones de arresto, han puesto de manifiesto la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas y políticas de estas agencias en EE.UU. El caso reciente de Salgado ha abierto una vez más el debate sobre la intervención y la justicia para los inmigrantes, resaltando la vulnerabilidad de quienes, al buscar una vida mejor, se encuentran en situaciones que ponen en riesgo su vida y sus derechos fundamentales.
