Siempre hay emergencias que pueden poner en jaque a las finanzas públicas. Pero la pandemia de covid-19 provocó una especie de terremoto sanitario, económico y social que dejó a Latinoamérica con una contracción económica de -7,7% en 2020 y arrastró a millones de personas a vivir en una desoladora precariedad.
Pese a que en algunas zonas de Latinoamérica el hambre sigue creciendo rampante, la respuesta de los gobiernos a través de paquetes de estímulo fiscal permitió amortiguar los efectos de una de las peores crisis globales de las últimas décadas.
Por una parte, el Estado salió en apoyo de trabajadores y empresas para evitar una masiva destrucción de empleo a través de subsidios, créditos y otros mecanismos que permitieron mantener a flote una parte de la actividad económica en medio de los confinamientos y un escenario global recesivo.
Pero si hay algo que marcó una diferencia en la respuesta fiscal de Latinoamérica respecto a las economías avanzadas, fueron las medidas de apoyo a los informales, que en la región son más de la mitad de los trabajadores.
«Ellos vieron una caída dramática de sus ingresos que fue muy parcialmente compensada por las transferencias que el Estado entrega a los hogares vulnerables«, dice Eduardo Levy, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina, profesor visitante de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard e investigador no residente del centro de estudios Brookings Institution.
«La mayoría de los gobiernos hizo lo que tenía que hacer para preservar el empleo en la medida de lo posible. Pero no pudieron llegar de la misma manera que los países avanzados a cubrir las necesidades de los trabajadores informales o precarios», apunta.
¿Dónde faltó apoyo?
Analizando el abanico de medidas tomadas por los gobiernos para enfrentar la emergencia, varios expertos coinciden en que la entrega directa de recursos a los más vulnerables fue una respuesta necesaria para llegar a los sectores más pobres.
«Los programas de transferencia de dinero a las personas fueron probablemente las políticas gubernamentales más eficientes«, sostiene la economista Mónica de Bolle, investigadora senior del centro de estudios Peterson Institute for International Economics (PIIE), Estados Unidos.
Pero donde faltó apoyo, agrega, fue a las pequeñas empresas. «Fue un error porque esos negocios emplean a mucha gente y tienden a ser vulnerables».
Otro elemento que destaca de Bolle es que muchos gobiernos de la región no tomaron las medidas para controlar la pandemia a tiempo, con la «equivocada» idea de proteger la economía.
«No hicieron lo correcto porque no entendieron desde un inicio que la pandemia y la economía van inextricablemente juntas», argumenta.
En ese sentido, agrega, «los gobiernos de América Latina le fallaron a la gente en la pandemia».
El reto de llegar a los más vulnerables
Guillermo Cruces, subdirector del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) de la Universidad de La Plata, Argentina, explica que fue un gran desafío llegar a los segmentos más afectados de la población porque muchas personas no estaban incorporados a los sistemas de ayuda social.
«Los gobiernos han sido muy pragmáticos y relativamente exitosos en las ayudas de emergencia, pero el gran pecado es no haber tenido esa respuesta preparada para reaccionar más rápido y expandir el universo de beneficiarios», dice.
Eso ocurrió en varios países donde tardaron en hacer llegar las ayudas a los hogares, especialmente al inicio de la pandemia. Es por eso que durante los primeros confinamientos hubo rechazo entre quienes reclamaban que morirían «primero de hambre antes que de covid«.
Con bajos precios de las materias primas y altos niveles de descontento social y polarización, la pandemia encontró a Latinoamérica «en el peor momento posible», argumenta Eduardo Mello, profesor de Política y Estudios Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, Brasil.
Algunos países lograron manejar la crisis mejor que otros, explica, aunque desde su perspectiva los peores desempeños fueron mostrados por Brasil y México.
«En esos dos países los gobiernos le restaron importancia a la gravedad de la pandemia», argumenta, y advierte que ahora se avecina el desafío de cómo enfrentar el problema de los déficit fiscales derivados de la crisis.
«Los déficit se están disparando y esto probablemente signifique más impuestos», señala Mello. «Es probable que esto conduzca a un mayor descontento social, como ya lo estamos viendo en Colombia».
¿Qué dicen los números?
Aunque puede resultar un poco confuso comparar los montos a secas -considerando que unos países tienen más posibilidades de endeudarse que otros y que el virus no golpeó a todos con la misma intensidad-, el dinero es, de todos modos, un indicador relevante al observar los paquetes de estímulo.
En América Latina el promedio de gasto en ayudas fiscales fue de un 8,5% del PIB, de acuerdo a los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
Esa cifra es un poco menos de la mitad del dinero desembolsado por economías avanzadas como Europa, Estados Unidos o Japón (donde llegó a un 18,8% promedio).
Pero al comparar los países de la región con otras economías emergentes de Asia o de Europa, «la magnitud de los apoyos es bastante parecida», sostiene en entrevista Emilio Pineda, jefe de la División Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.
El monto del estímulo fiscal suele estar relacionado con la capacidad de endeudamiento de un determinado país.
Si se trata de una economía que goza de buena salud, es más fácil que le presten dinero a tasas convenientes, pero si el país está con dificultades, su acceso al crédito internacional es mínimo o nulo.
Es por eso que «no todo el mundo tiene el espacio fiscal para aplicar una política más agresiva», apunta.
Si las medidas fiscales se separan en distintos grupos, como lo hace el FMI, los datos se pueden comparar de una manera distinta.
Una alternativa es dividirlos en dos categorías:
- Gasto público directo y alivio tributario (o ingresos provenientes de los impuestos no percibidos por el fisco). En esta categoría están los programas de apoyo a empresas y hogares, y los gastos para fortalecer el sistema de salud.
- Instrumentos de liquidez como garantías a los créditos y los «préstamos blandos» subsidiados por los gobiernos.
Si se pone el foco en el primer grupo exclusivamente, las medidas fiscales en Latinoamérica representaron en promedio un 4,5% del PIB, considerando a las mayores economías de la región, dice Jorge Roldos, subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.
«Hubo una gran variación entre países, con Brasil gastando cerca de un 8% del PIB y México menos de 1%«, apunta.
Aparte de esos recursos, explica Roldos, los países también gastaron cerca de un 3,5% del PIB en el financiamiento de créditos y garantías, principalmente a pequeñas y medianas empresas.
¿En qué han gastado los recursos?
Simplificando la historia, se puede decir que los recursos se gastaron en el sistema de salud, los hogares vulnerables y las empresas.
Por ejemplo, los gastos en el sistema de salud se refieren a la compra de equipos médicos, vacunas y todo lo relacionado con la crisis sanitaria específicamente.
Las ayudas a hogares han llegado a través de transferencias de dinero, bonos por única vez, aumento del seguro de desempleo, moratorias al pago de servicios públicos, etc.
Y en las ayudas a las empresas están las los créditos y las garantías de préstamos con condiciones favorables de financiamiento para disminuir el despido a los trabajadores.
«A grandes rasgos más o menos la mitad -tal vez un poco más- de los recursos están destinados a las garantías a empresas y la otra mitad es una mezcla entre los gastos adicionales para atender la emergencia sanitaria, junto a las medidas de apoyo a los hogares y la liquidez de las empresas», señala Pineda.
¿Cómo se financiaron?
Frente a la pregunta de cómo se financiaron las ayudas, la respuesta es simple: principalmente deuda.
Para enfrentar la emergencia los países gastaron más y recibieron menos ingresos. ¿El resultado?: aumento de la deuda y del déficit fiscal.
En promedio los déficit primarios de la región están en torno a 5% del PIB, dice Pineda. Y la deuda promedio en la región -que estaba en torno al 58% del PIB en 2019- subió a un 72% en 2020.
«Es un incremento enorme, de los mayores que ha habido en las últimas décadas», agrega el economista.
Si hay algo en lo que coinciden expertos y organismos multilaterales es que no se deberían retirar los estímulos fiscales mientras la pandemia no esté bajo control.
Y lo que adelantan es que terminada la emergencia, vendrá el reto de lidiar con el endeudamiento.
Una de las preguntas esenciales que está dando vueltas en el ambiente es cómo los gobiernos aumentarán sus ingresos para ordenar las cuentas fiscales.
Y cómo lograrán ese objetivo en un contexto de crecientes tensiones sociales.