El Congreso de la República ha aprobado recientemente un **crédito suplementario de S/ 9,596 millones**, destinado a financiar una variedad de proyectos en diversas regiones del país. De esta suma, **más de S/ 5,430 millones** se asignarán específicamente a las regiones, utilizando recursos provenientes de canon, sobrecanon y regalías. Esta medida busca no solo atender necesidades urgentes como infraestructura, sino también garantizar el pago de beneficios laborales, como las Compensaciones por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones para trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
La decisión fue ratificada por la **Comisión Permanente con un escueto margen de 17 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones**, lo que refleja la falta de consenso y el polarizado clima político en el que se encuentra el Congreso. Este proyecto de ley, tras un prolongado periodo de deliberación, fue finalmente aprobado, aunque su implementación inmediata refleja la urgencia con que se busca subsanar las necesidades económicas y sociales que el país enfrenta.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será el encargado de definir los mecanismos de pago de las CTS y gratificaciones a los trabajadores CAS a través de un **decreto supremo**. Este decreto establecerá que las gratificaciones no serán menores a **S/ 300**, aunque el titular del MEF, Rodolfo Acuña, ha mencionado que los pagos se realizarán de manera gradual, dado que no existe una partida destinada exclusivamente a este fin en el presupuesto actual.
Sin embargo, la aprobación de este crédito ha suscitado críticas entre expertos y analistas económicos. El ex viceministro de Economía, **Enzo Defillipi**, ha calificado esta acción como «irresponsable», subrayando que el crédito suplementario representa casi el **1% del Producto Bruto Interno (PBI)** del país. Además, recordó que la legislación vigente estipula que el Congreso no tiene la iniciativa de gasto, lo cual complica aún más la situación jurídica y fiscal del país.
El camino hacia la aprobación de este crédito no fue sencillo; tardó más de una semana de deliberaciones hasta su votación final, ya que coincidió con el último día de la legislatura. La desesperación por culminar el proceso antes del cierre legislativo provocó que la votación se realizara sin el debate profundo que podría haber permitido un análisis más cuidadoso de las implicancias de este financiamiento, lo que añade un elemento de incertidumbre al cumplimiento de estos compromisos económicos.
