Un reciente informe de la ONU ha provocado un aluvión de críticas hacia las operaciones militares de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, al concluir que los ataques aéreos contra embarcaciones acusadas de traficar drogas violaron el derecho internacional y podrían ser considerados crímenes de lesa humanidad. El Relator Especial Ben Saul destacó que desde septiembre del año pasado, se han realizado al menos 68 ataques con un saldo de más de 220 víctimas fatales. Este informe subraya la gravedad de las acciones estadounidenses, que, según Saul, no se justifican bajo el principio de autodefensa dado que los objetivos no representaban una amenaza directa a EE. UU.
El informe de la ONU se produjo poco después de que el ejército estadounidense anunciara un ataque que resultó en la muerte de cuatro personas a bordo de una embarcación en el Caribe. Southcom, la unidad que supervisa las operaciones militares en la región, afirmó que la inteligencia confirmaba la participación de la embarcación en actividades de narcotráfico. Sin embargo, este tipo de acciones han suscitado un debate público sobre su legalidad y su alineación con las normas internacionales, especialmente en un contexto de creciente escrutinio por parte de organismos de derechos humanos.
Saul argumentó que las operaciones militares estadounidenses equivalen a ejecuciones extrajudiciales y representan una violación del derecho a la vida. En su evaluación, estos ataques carecen de justificación bajo el derecho internacional humanitario y las convenciones que regulan la lucha contra el narcotráfico. El relator especial concluyó que hay motivos razonables para considerar estos ataques como crímenes de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, lo que plantea serias implicaciones para la política exterior estadounidense.
A pesar de las contundentes críticas, el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido la operación Lanza del Sur como un medio necesario para erradicar a los ‘narco-terroristas’ en la región y proteger a EE. UU. del tráfico de drogas que, según él, está devastando a la población estadounidense. Sin embargo, hasta el momento, los funcionarios militares no han presentado pruebas concluyentes de que los barcos atacados estuvieran efectivamente involucrados en actividades delictivas.
Las repercusiones de este informe son palpables en la política interna y en las relaciones con América Latina. Desde el anuncio de la operación, varios líderes latinoamericanos han expresado su descontento y preocupación por el impacto en sus naciones. Nicolás Maduro, líder venezolano, ha criticado abiertamente las acciones estadounidenses, especialmente tras su captura este año por fuerzas norteamericanas. Además, Gustavo Petro, expresidente de Colombia y oponente de la política de defensa estadounidense, fue reemplazado por un candidato respaldado por el ex presidente Trump, lo que podría significar un cambio en la postura de Colombia hacia las operaciones en la región.
