En un megaoperativo liderado por la Policía Nacional del Perú (PNP), se logró la detención de 12 presuntos integrantes de la organización criminal conocida como Los Parqueros del Jota. Esta operación, denominada Explosión 2026, se realizó de manera simultánea en las regiones de La Libertad y Lima, y estuvo respaldada por una resolución del Juzgado Mixto Transitorio de Parcoy. Las acciones se llevaron a cabo en 23 inmuebles ubicados en Pataz, Sánchez Carrión, Chepén y Trujillo, marcando un golpe significativo contra la minería ilegal en el país.
El operativo involucró a más de 240 efectivos de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quienes, apoyados por unidades de la Región Policial La Libertad, llevaron a cabo la intervención y el descerraje de las propiedades implicadas. La respuesta rápida y coordinada de las fuerzas del orden permitió no solo detener a los sospechosos, sino también incautar una serie de elementos que serán fundamentales para la investigación, incluyendo armas y municiones.
Durante las diligencias, las autoridades detuvieron en flagrancia a Jahaira Mallqui, quien enfrenta cargos por la presunta fabricación, uso y porte de armas de fuego. Este hecho subraya la gravedad de las actividades ilícitas relacionadas con la minería ilegal y el tráfico de armamento que se llevan a cabo en las regiones afectadas. La captura de Mallqui es un claro ejemplo de la firmeza con la que la PNP está actuando en contra de estas organizaciones.
Entre los objetos incautados en el operativo se encuentran 20 teléfonos celulares, tres chips, dos tarjetas SIM, así como cuadernos y agendas que podrían contener información relevante sobre las actividades de la organización. Además, se decomisaron 10,000 dólares en efectivo y municiones, lo que refuerza las sospechas sobre la logística y el financiamiento de Los Parqueros del Jota en sus operaciones ilegales.
De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, se ha establecido que Los Parqueros del Jota estarían involucrados en el traslado clandestino de explosivos, armas y municiones desde Trujillo hacia Pataz, así como en facilitar la extracción ilegal de oro. Este impacto en la seguridad y la economía local resalta la necesidad de unas medidas más contundentes y efectivas para desmantelar redes que perjudican a las comunidades y al medio ambiente.
