La intervención dela coordinadora de la Academia Zárate, Roxana Núñez Allpoc, ha puesto en el centro de la atención pública un caso que involucra presuntos tocamientos indebidos a un menor de edad. Según los informes, un estudiante de 17 años, identificado por sus iniciales J.B.A.O., denunció que había sido víctima de abusos dentro de la institución educativa ubicada en el distrito de El Tambo. La policía no solo se trasladó al lugar para recabar información, sino que también terminó deteniendo a Núñez por negarse a colaborar en la investigación.
El incidente ocurrió en horas de la mañana, cuando el adolescente, tras reportar los hechos a su tutora y no encontrarla, decidió acudir a otra docente para comunicar la situación. Esta acción fue crucial para que se diera aviso a las autoridades y se iniciaran las diligencias respetivas. Para los agentes del orden, recopilar información precisa era vital, no solo para ayudar al denunciante, sino también para identificar a los posibles involucrados en la denuncia.
Sin embargo, la coordinadora, al ser interrogada por la policía, optó por restar importancia a la solicitud, argumentando que cualquier requerimiento debía ser canalizado a través de un documento oficial, lo que sorprendió a las autoridades. Su insistencia en esta postura provocó que los efectivos policiales la consideraran como un obstáculo en el desarrollo de la investigación, lo que derivó en su detención por resistencia a la autoridad.
El caso ha escalado a un nivel más complicado, ya que involucra no solo el presunto abuso hacia un menor, sino también la obstinada actitud de una figura clave dentro del plantel educativo, que debería ser garante de la seguridad y bienestar de sus estudiantes. La falta de colaboración de la coordinadora no solo pone en riesgo el caso, sino que también levanta cuestionamientos sobre los protocolos internos de la academia respecto a situaciones de abuso.
Finalmente, tras la intervención, el estudiante ha sido acompañado por su madre a la Comisaría PNP El Tambo para formalizar la denuncia. Este paso es crucial para garantizar que se inicien las acciones judiciales correspondientes y se asegure la protección del menor. Se espera que el representante del Ministerio Público determine las acciones adecuadas ante la gravedad de esta situación y el impacto que puede tener en el entorno escolar.
