En un reciente informe del Órgano de Control Institucional (OCI), se ha revelado que el Colegio Nuestra Señora del Rosario, ubicado en Chiclayo, ha incurrido en prácticas irregulares relacionadas con la emisión de comprobantes de pago. Desde diciembre de 2025 hasta febrero de 2026, la institución recibió la considerable suma de S/42,000 por el alquiler de su piscina semi olímpica, dinero que fue cobrado en efectivo sin que se emitieran recibos autorizados por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Esta falta de transparencia en la gestión de los fondos podría resultar en sanciones severas para el colegio, ya que compromete la integridad del manejo financiero de una entidad educativa pública.
La directora del colegio, Rosa Rabanal Cruz, fue cuestionada en junio de este año por el OCI sobre cómo documentan los pagos de dicho servicio. En su respuesta, Rabanal aseguró que registran ingresos a través de recibos membretados, contradiciendo la normativa vigente que exige autorización de la Sunat para la impresión de tales comprobantes. Esto llamó la atención del OCI, que encontró evidencia de que entre 2020 y 2026, el colegio no había solicitado autorización para emitir comprobantes físicos, lo que evidencia un claro incumplimiento de las obligaciones tributarias.
Los pagos en efectivo y la falta de emisión de comprobantes autorizados afectan no solo la transparencia financiera del colegio, sino que también infringen el artículo 174 del Código Tributario. Se destaca que las instituciones educativas, al cobrar por servicios adicionales como el alquiler de instalaciones, están obligadas a emitir los correspondientes comprobantes de pago, como indica una normativa clara que existe desde hace varios años. Este caso destaca una preocupante tendencia en la administración de los recursos en instituciones educativas públicas, donde la falta de supervisión puede llevar a graves irregularidades.
Según los registros del OCI, el Colegio Rosario ha acumulado un total de S/259,600 en ingresos por alquiler entre enero de 2020 y mayo de 2026, con los pagos en efectivo iniciándose en enero de 2022, justo en el momento de la renovación del contrato con la Escuela de Natación Paola Amarildo. La falta de control y fiscalización sobre estos fondos plantea serios cuestionamientos sobre las prácticas de administración del colegio y su compromiso con un manejo transparente y acorde a la ley.
Dado que estas irregularidades salieron a la luz gracias a un pedido de la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC), el OCI se ha visto obligado a investigar y emitir un informe que claramente indica que el Colegio Nuestra Señora del Rosario no está cumpliendo con sus responsabilidades fiscales. La necesidad de que las instituciones educativas sigan las normativas establecidas es crucial para mantener la confianza pública y asegurar que los recursos se utilicen de manera adecuada en beneficio de la educación de los estudiantes.
