La Sala Superior Penal de Apelaciones de Chincha y Pisco ha ratificado la sentencia de cadena perpetua contra Juan Carlos Solier Pellehuamán, un hombre de 56 años que fue declarado culpable de violación sexual en agravio de una niña de tan solo 8 años. Este fallo judicial se produce tras un paciente análisis de las pruebas presentadas en el juicio, donde los magistrados concluyeron que la defensa del acusado no logró desvirtuar las evidencias que sustentaron la condena inicial. Así, la justicia ha hecho eco de la gravedad del crimen y ha impuesto la máxima sanción a quien abusó de la menor aprovechando su cercanía familiar.
Los abusos cometidos por Solier Pellehuamán se perpetraron en varias ocasiones entre marzo y septiembre de 2020, en la localidad de San Clemente, en Pisco. Los hechos se llevaron a cabo en el hogar de la víctima, donde el acusado residía como pareja de la madre de la niña. Aprovechando las ausencias de esta última, quien se iba a trabajar, el violador se convirtió en un depredador que aprovechó la vulnerabilidad de la infante, una situación que ha generado indignación en la comunidad local y nacional por la traición de la confianza familiar.
Después de un periodo de silencio y miedo, la niña logró confesar su dolorosa experiencia a sus familiares, quienes tomaron la valiente decisión de denunciarlo en la Comisaría de San Clemente. Este paso fue crucial para iniciar una investigación que reveló la triste realidad que vivió la menor. El proceso judicial fue complicado, sobre todo porque el perpetrador se dio a la fuga y permaneció en condición de no habido durante un año y medio, complicando aún más la búsqueda de justicia para la niña.
Fue solo hasta el 9 de agosto de 2025 que las autoridades lograron capturar a Solier Pellehuamán, lo que permitió que el caso avanzara en el sistema judicial. Las pruebas recabadas durante la investigación, incluyendo testimonios y evidencias físicas, fueron presentadas por la fiscal adjunta provincial penal de Pisco, Elisa Ramírez Pachauri, quien se encargó de demostrar la culpabilidad del acusado ante el tribunal. La determinación final de cadena perpetua considera la naturaleza atroces de su crimen, así como la necesidad de proteger a futuras potenciales víctimas de su depravado comportamiento.
Este caso ha resaltado la importancia de fortalecer las redes de protección hacia los menores y la urgente necesidad de que las víctimas se sientan seguras y apoyadas para comunicar sus experiencias de abuso. La ratificación de la sentencia es un mensaje claro de la justicia: no habrá impunidad para quienes atentan contra los más vulnerables. La comunidad sigue en alerta y espera que este fallo no solo sirva como un simbolismo de justicia, sino que también impulse iniciativas para prevenir la violencia de género y la explotación sexual en todas sus formas.
