En los hospitales públicos Arzobispo Loayza y Cayetano Heredia, se ha destapado un escándalo por la actividad comercial de terceros que operan sin pagar renta a las instituciones de salud. Según una reciente investigación realizada por la Contraloría, se ha demostrado que sindicatos y asociaciones han subarrendado espacios de estos hospitales a negocios, lo que ha generado una situación crítica para los nosocomios que enfrentan problemas de infraestructura y atención a pacientes. Este fenómeno pone en evidencia la falta de supervisión y control sobre las actividades comerciales que se llevan a cabo en lugares destinados a la atención de la salud pública, lo que ha llevado a la intervención de las autoridades pertinentes.
El Hospital Nacional Arzobispo Loayza es uno de los principales afectados, ya que, de acuerdo a la información revelada, se han subarrendado más de 3 mil metros cuadrados a terceros. Esto incluye una cafetería contigua al área de emergencias y un laboratorio privado que, a pesar de generar ingresos significativos, no reporta un solo sol a la administración del hospital. Desde la década de 1990, la ocupación de estos espacios por negocios privados ha crecido sin un marco normativo adecuado que regule estas operaciones, permitiendo que los sindicatos gestionen estos locales sin toda la transparencia requerida.
Por su parte, la situación en el Hospital Nacional Cayetano Heredia es igualmente preocupante. En este centro de salud, se han detectado al menos seis restaurantes funcionando bajo la misma modalidad de subarriendo, donde los beneficios económicos van dirigidos a los sindicatos y no a la administración hospitalaria. El director de este nosocomio, Manuel Díaz, ha indicado que ya se ha iniciado una investigación ante la Fiscalía para tomar acciones legales contra quienes han permitido este tipo de irregularidades. Esta situación pone en riesgo no solo la eficiencia en el uso de los recursos del hospital, sino también la seguridad de los pacientes, dado que algunos de estos establecimientos están ubicados en áreas críticas, como cerca de las zonas de oxígeno medicinal.
La Contraloría ha advertido que, a pesar de la ausencia de contratos formales entre los hospitales y los comercios, esto no exime a las instituciones de responsabilidad. De hecho, los hospitales terminan subsidiando servicios básicos como agua y electricidad para estos negocios, lo que agrava aún más la crisis financiera de los nosocomios. María Vargas, abogado del Hospital Loayza, confirma que hay un fallo judicial que favorece al hospital en el caso del laboratorio, y que las acciones para lograr el desalojo ya están en marcha. Sin embargo, el tiempo de espera para la ejecución de la sentencia representa una pérdida significativa de ingresos para el hospital.
Este fenómeno de subarriendo en hospitales públicos resalta una necesidad urgente de reforma en la administración de estos espacios. La falta de regulación ha permitido que los sindicatos se apropien de los recursos de los hospitales, afectando la calidad de atención y generando un clima de desconfianza tanto entre los trabajadores como entre los pacientes. La Contraloría y las autoridades pertinentes deben fortalecer sus acciones para acabar con estas prácticas abusivas y asegurar que los recursos destinados a la salud pública sean utilizados adecuadamente, beneficiando así a la población que depende de estos servicios en momentos críticos.
