Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de Puno han dictado una sentencia condenatoria de 35 años de prisión a Olguin Pacompia Calsin, quien fue hallado culpable del delito de robo agravado con subsecuente muerte en agravio de Aune Hartmann, una ciudadana alemana. La decisión fue tomada por mayoría tras un exhaustivo proceso judicial que puso de manifiesto la gravedad de los hechos ocurridos en 2008, cuando Pacompia Calsin atacó a la víctima con una piedra con el objetivo de robarle sus tarjetas bancarias.
Durante el juicio, los fiscales presentaron evidencia que demostraba la planificación del crimen y la brutalidad del ataque que resultó fatal para Hartmann. Los testimonios de testigos, junto con las pruebas periciales, fueron cruciales para establecer la responsabilidad del acusado en un caso que generó gran conmoción tanto a nivel local como internacional. La comunidad alemana se mostró impactada a raíz del asesinato de Hartmann, quien había llegado a Perú atraída por el turismo y la cultura.
Pacompia Calsin logró evadir la justicia durante varios años, transformándose en un fugitivo antes de ser capturado en abril de 2026. Su detención marcó un hito en la búsqueda de justicia para la víctima y desató un intenso debate sobre las medidas de seguridad en áreas remotas como la comunidad de Isla Cota, donde se cometió el crimen. Las autoridades locales manifestaron su compromiso de fortalecer la vigilancia y mejorar la protección de los turistas en la región.
Además de la sentencia de prisión, el colegiado ordenó a Pacompia Calsin el pago de una reparación civil de 27,100 euros y 50,000 soles a favor de los familiares de Aune Hartmann como compensación por los daños y sufrimientos causados. Esta decisión tiene como objetivo ofrecer cierto alivio a los seres queridos de la víctima, quienes han enfrentado un dolor irreparable desde la tragedia ocurrida hace más de 15 años.
La condena de Olguin Pacompia Calsin no solo representa un triunfo para la justicia, sino también un mensaje claro sobre la intención del sistema judicial peruano de perseguir y castigar a quienes cometen delitos graves. Expertos en criminología y derechos humanos han aplaudido la sentencia, subrayando la necesidad de un enfoque más riguroso para evitar que este tipo de incidentes sucedan en el futuro, garantizando así la seguridad de los ciudadanos y turistas en el país.
