La Municipalidad Provincial de Arequipa ha iniciado un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa **Sedapar S.A.** tras descubrir irregularidades en las obras en la Av. Independencia. Las infraestructuras inacabadas, incluyendo una zanja y acumulaciones de escombros y material de construcción, han ocupado parte de la vía pública, lo que ha causado serias perturbaciones en el tránsito y ha comprometido la seguridad de conductores y peatones. Este tipo de situaciones pone en evidencia la necesidad de una regulación más estricta en los trabajos de infraestructura pública para evitar inconvenientes a la ciudadanía.
Las infracciones fueron detectadas durante una inspección realizada el **31 de julio**, donde los fiscalizadores se centraron en un tramo específico entre la **Av. Mariscal Castilla y la calle Miguel de Cervantes**. Según las actas de fiscalización N.° 372-2026 y 373-2026, se evidenció una excavación de aproximadamente **14 metros lineales** así como desmonte sobre la calzada. La acumulación de estos materiales ha generado un escenario peligroso, aseguraron los inspectores, afirmando que es inaceptable que la obra continuara en ese estado.
La empresa a cargo de los trabajos, **DACAR Contratistas y Servicios Generales**, fue contratada por Sedapar y había comenzado sus labores el **26 de julio**, con un cronograma de cinco días para su finalización. Sin embargo, al momento de la inspección, las obras continuaban y no se habían cumplido los plazos inicialmente establecidos. Esta situación refleja una falta de planificación y control sobre el avance de las obras, algo que preocupa tanto a la municipalidad como a la población afectada.
Como consecuencia de la fiscalización, la municipalidad impuso la **Infracción N.° 381**, la cual se refiere a la falta de reparación de la calzada tras los trabajos en la vía pública, lo que tiene una multa equivalente al 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir, 2,750 soles. Adicionalmente, la **Infracción N.° 382** fue aplicada por realizar obras civiles sin los elementos de seguridad requeridos, lo cual también implica una multa del 50% de una UIT. Estas sanciones buscan no solo penalizar el incumplimiento, sino también fomentar una mayor responsabilidad en la ejecución de obras públicas.
Con el inicio del procedimiento administrativo, Sedapar cuenta con un plazo determinado para responder y apelar las sanciones impuestas. La situación destaca la importancia de que las empresas que operan en el ámbito público cumplan con normas de seguridad y efectividad, garantizando así no solo el buen estado de las vías, sino también la protección de la ciudadanía. La comunidad está a la espera de las acciones que tomará Sedapar y el grado de compromiso que demostrará ante esta fiscalización.
