La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha anunciado que cumplirá con lo dispuesto por el Poder Judicial, entregando a Fuerza Popular las listas de electores de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. Esta decisión se enmarca dentro de un proceso de habeas data y surge de una resolución emitida por un juzgado constitucional de Lima, lo que subraya la importancia del respeto a las órdenes judiciales en el contexto democrático del país.
En su comunicado, la ONPE aseguró que la información proporcionada a Fuerza Popular se entregará con la debida protección de datos personales, lo cual es un aspecto fundamental bajo la Ley de Protección de Datos Personales. De esta forma, se eliminarán datos sensibles como fotografías, firmas manuscritas y huellas dactilares, garantizando la privacidad de los ciudadanos involucrados en el proceso electoral.
Los listados que serán entregados por la ONPE contendrán los nombres completos y los números de DNI de los votantes asignados a cada mesa de sufragio, lo que permitirá a Fuerza Popular verificar la información relevante respecto a su electorado. Esta acción es parte de un esfuerzo más grande por parte de las autoridades electorales para asegurar la transparencia y correcta supervisión de los procesos electorales en el Perú.
La ONPE ha previsto que la entrega de esta información se realizará en un formato digital en el más breve plazo, así como de manera física. Este último aspecto implicará la certificación de cerca de dos millones y medio de páginas, lo que representa un esfuerzo logístico considerable para la entidad. La capacidad para manejar tan grande volumen de información es un testimonio de la organización y recursos de la ONPE.
Por último, es importante destacar que el costo asociado a las copias certificadas, que asciende a más de S/ 17,5 millones, deberá ser asumido por el partido solicitante, en este caso, Fuerza Popular. La ONPE ha reiterado su compromiso de cumplir con las resoluciones del Poder Judicial, al tiempo que se asegura el resguardo del material electoral y la protección de los datos personales de los ciudadanos, manteniendo así la salud del sistema democrático en el Perú.
