En las últimas horas, la escena política de Arequipa ha sido sacudida por la reciente decisión de un juzgado constitucional que revirtió la exclusión de Mario Barriga, candidato del partido Ahora Nación para el distrito de Yarabamba. Esta decisión interrumpe la resolución previa del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que había decidido separar a Barriga de la contienda electoral tras aceptar una tacha en su contra. La controversia ha generado un intenso debate sobre la jurisdicción de los tribunales y los límites de la autoridad electoral, cuestionando si un juez constitucional está facultado para desestimar las decisiones tomadas por un organismo electoral tan crucial como el JNE.
La intervención del juez constitucional, Renato Loayza, ha suscitado interrogantes sobre la legalidad y los precedentes de este tipo de medidas. Alejandro Rospigliosi, abogado constitucionalista, argumenta que aunque no es común esta práctica, existen antecedentes que podrían justificar la actuación del juez, destacando la vulneración de derechos del candidato. Rospigliosi recuerda un caso similar ocurrido en Cajamarca en 2021, donde un jurado también determinó que las tachas en contra de un postulante eran incorrectas, lo que podría allanar el camino para que Barriga continúe su camino hacia las elecciones.
El proceso comenzó con dos tachas presentadas durante agosto por Reyna Cáceres Suni y Víctor Hugo de los Heros Riofrío. La primera fue desestimada desde el principio, mientras que la segunda avanzó al debate, donde se alegó que Barriga no residía en Yarabamba. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa respaldó a Barriga al considerar que tenía la vecindad necesaria, un punto vital en las elecciones locales. La decisión del JNE de excluir a Barriga el 5 de septiembre ha sido criticada por la falta de observancia de los propios plazos que ellos fijaron, lo que añade más tensión a la controversia.
La reciente medida cautelar a favor de Barriga pone de manifiesto las tensiones entre los resultados de las instituciones electorales y la salvaguarda de los derechos individuales. El juez Loayza enfatiza la importancia de proteger el derecho a postular, al tiempo que critica el manejo del JNE, indicando que la resuelta tacha fue emitida de modo apresurado y sin una valoración encargada de la situación del candidato. Esta decisión representa un claro llamado de atención sobre cómo se manejan los procesos electorales y la necesidad de respeto por las normativas establecidas.
El camino a seguir ahora es incierto, pero Rospigliosi asegura que el caso podría extenderse más allá del ámbito local, hasta llegar a instancias internacionales. El JEE de Arequipa deberá actuar rápidamente conforme a la directiva del juez y notificar a Barriga para que pueda reanudar su campaña electoral. Este caso emblemático ha elevado a Arequipa a la vanguardia del debate constitucional en el país, planteando serias cuestiones sobre el papel de las instituciones, el respeto por los derechos de los candidatos y la transparencia del proceso electoral como un todo.
