El Pleno del Congreso de la República ha aprobado en segunda votación una norma que permitirá que los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas sean juzgados bajo el fuero militar-policial en el caso de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. La propuesta, que recibió el respaldo de 52 votos a favor, busca establecer un esquema jurídico exclusivo para el juzgamiento de estos cuerpos durante situaciones de emergencia, añadiendo así un marco claro para la defensa de la seguridad nacional.
La nueva legislación incluye modificaciones al Código Penal Militar Policial y al Nuevo Código Procesal Penal, con el objetivo de delimitar las competencias entre las jurisdicciones militar-policial y ordinaria. Esto significa que, a partir de ahora, las controversias relacionadas con los actos de los miembros de estas fuerzas en el cumplimiento de su deber serán resueltas de manera interna, evitando la interferencia de la justicia común, lo que podría desvirtuar la naturaleza de los operativos de seguridad.
Con la aprobación de esta norma, el Congreso también decidió rechazar una reconsideración presentada por congresistas de oposición, quienes estuvieron en desacuerdo con los términos de la propuesta. A pesar de las críticas y preocupaciones sobre posibles abusos de autoridad, el Pleno sigue firme en su decisión, argumentando que la medida es necesaria para resguardar la operatividad de las fuerzas del orden ante circunstancias críticas.
Además de establecer el marco para el fuero militar-policial, la norma prohíbe la posibilidad de iniciar procesos paralelos en la justicia ordinaria y la militar-policial por los mismos hechos, lo que sienta un precedente en la forma de abordar las acciones legales contra los miembros de las fuerzas del orden. Este aspecto es clave para la administración de justicia, evitando que se presenten juicios duplicados que puedan generar confusión y conflictos jurisdiccionales.
Por último, en el contexto de la reforma, el Congreso también incorporó cambios en la definición de los delitos de lesa humanidad dentro del Código Penal. Estas modificaciones buscan actualizar y clarificar la legislación existente, asegurando que los derechos humanos sean una prioridad en el marco legal del país. La norma ahora será enviada al Poder Ejecutivo para su revisión y eventual promulgación, marcando un paso significativo en la evolución del sistema legal en Perú.
