El **Poder Judicial** ha decidido nuevamente declarar infundado el pedido del **Ministerio Público** de dictar una detención preliminar de siete días contra el exjefe de la **ONPE**, **Piero Corvetto**, así como a otros tres investigados, en un caso que suscita preocupación en el ámbito electoral. Esta solicitud estaba relacionada con presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Galaga S.A.C. y la cuestionada demora en la distribución del material electoral, un hecho que impidió que numerosos ciudadanos ejercieran su derecho al voto en las elecciones generales del pasado 12 de abril.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional respaldó la resolución del juez Manuel Chuyo, quien el 23 de abril había rechazado la solicitud de detención presentada por la **Fiscalía Anticorrupción**. En esta reciente decisión, la sala enfatizó la falta de fundamentos en el recurso de apelación de la Fiscalía, considerando que la solicitud de detención preliminar contra Corvetto, y los exfuncionarios de la ONPE, José Samamé y Juan Antonio Phang, así como el apoderado legal de Galaga S.A.C., Juan Alvarado, no estaba justificada.
Los cuatro investigados se encuentran bajo el escrutinio del Ministerio Público, enfrentando cargos por presuntos delitos de colusión agravada, omisión de actos funcionales y falsa declaración en procedimientos administrativos, todos ellos en agravio del Estado. La gravedad de estos delitos destaca la necesidad de un proceso judicial riguroso, en un contexto donde la transparencia y la honestidad en el ámbito electoral son fundamentales para mantener la confianza pública.
Una resolución alcanzada el 7 de mayo, a la cual tuvo acceso RPP, confirmó que el juez Chuyo también había declarado infundado el pedido del Ministerio Público de levantar el secreto de las comunicaciones en la modalidad de geolocalización de los teléfonos de Corvetto y los otros investigados. Esta decisión ha limitado la posibilidad de obtener evidencia adicional que pudiera fortalecer la posición de la Fiscalía en este caso, generando así una controversia sobre la efectividad de la investigación.
Con esta reciente decisión judicial, **Piero Corvetto** y los otros tres investigados continuarán libres durante el proceso de investigación preliminar. Sin embargo, se impuso un mandato de impedimento de salida del país por 18 meses, lo que significa que los investigados deberán permanecer en el país mientras se resuelven las acusaciones en su contra. Este hecho señala la seriedad de las acusaciones y la vigilancia que el sistema de justicia aplica, en un intento por asegurar que se haga justicia sin dejar de respetar los derechos de los acusados.
