El Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 ha estado en el centro de una controversial situación en Tacna, donde se ha evidenciado que muchos familiares de beneficiarios están cobrando la subvención económica de 350 soles bimestrales en lugar de los propios adultos mayores. Un reciente informe del Órgano de Control Institucional (OCI) ha señalado que esta dinámica puede llevar a un uso no autorizado de las tarjetas de débito, lo que podría comprometer el objetivo de asistencia social que tiene este programa. La preocupación radica en que, si bien los familiares tienen buenas intenciones, no existe un proceso formal para que ellos puedan representar a los beneficiarios en el cobro de estos fondos, exponiendo a los adultos mayores a potenciales abusos y malentendidos.
La situación se complica aún más debido a que numerosos beneficiarios, muchos de los cuales sufren de movilidad reducida o pérdida de visión, no están completamente informados sobre los procedimientos necesarios para autorizar a un tercero a cobrar en su nombre. La falta de comunicación y de capacitación acerca de estos trámites ha dejado a muchos de ellos en la desinformación, lo que podría llevar a fraudes o mal uso de los fondos destinados para su sustento. La Contraloría ha sugerido que es imperativo que se implementen medidas de comunicación más efectivas desde las oficinas locales para garantizar que todos los beneficiarios comprendan cómo proceder.
El jefe de la unidad territorial de Tacna, Juan Carlos Calizaya Inchuña, tiene la responsabilidad de asegurar que se realicen visitas domiciliarias para informar a los usuarios sobre el proceso correcto para designar a un tercero autorizado. La Contraloría ha instado a que se tomen acciones inmediatas para remediar esta situación, insistiendo en la importancia de educar a los beneficiarios sobre sus derechos y cómo proteger su asistencia económica. De no abordarse, se corre el riesgo de que esta situación continúe afectando el destino de los bonos solidarios, que deben llegar de manera adecuada a quienes realmente los necesitan.
Además, es esencial que las instituciones involucradas refuercen sus mecanismos de control y supervisión sobre el proceso de cobro de Pensión 65. La implementación de un sistema más transparente y confiable no solo beneficiará a los adultos mayores, sino que también contribuirá a restaurar la confianza pública en el programa de asistencia social. En momentos donde se espera que el gobierno apoye a sus ciudadanos más vulnerables, este tipo de irregularidades puede sembrar dudas sobre la eficacia y rigurosidad de las políticas públicas.
En resumen, la situación en Tacna refleja un problema mayor que va más allá de un simple procedimiento administrativo. Es un llamado a la acción para garantizar que los derechos de los adultos mayores sean respetados y que las ayudas económicas lleguen efectivamente a sus destinatarios. A medida que el país enfrenta desafíos en su sistema de asistencia social, es fundamental que se implemente una mayor claridad en los procedimientos y que se eduque tanto a beneficiarios como a sus familiares sobre sus derechos y responsabilidades.
