El Poder Judicial de Perú ha tomado una decisión clave en la controversia política que rodea a los expresidentes Pedro Castillo y Dina Boluarte. La Primera Sala Constitucional de Lima rechazó la solicitud de Castillo para participar en el proceso de demanda de amparo presentado por Boluarte, quien busca anular la resolución del Congreso emitida el 10 de diciembre de 2025, que declaró su vacancia por incapacidad moral permanente. Este fallo se produce en un contexto político tenso, donde ambos líderes han sido objeto de críticas y demandas desde sus respectivos mandatos, marcando así un capítulo importante en la historia política reciente del país.
La solicitud de Pedro Castillo, presentada por su defensa legal, tenía como argumento que, como expresidente constitucional del Perú entre 2021 y 2026, debía ser considerado un «litisconsorte facultativo» en este proceso judicial debido a su interés jurídicamente relevante. No obstante, la sala sostuvo que Castillo no había tenido participación alguna en el procedimiento parlamentario que llevó a la vacancia de Boluarte, quien a su vez asumió la presidencia pese a la controversia que rodeó su elección tras la vacancia.
En su fallo, el colegiado destacó que la única parte en cuestión en este proceso de amparo es Dina Boluarte y el Congreso de la República. Por lo tanto, subrayaron que la demanda de amparo presentada no involucra a Castillo, lo que pone de relieve que su condición como expresidente no le concede un interés legítimo en este contexto. Este enfoque subraya la interpretación estricta que el Poder Judicial está adoptando sobre los roles de los exmandatarios en procesos legales derivados de sus acciones políticas.
El documento judicial también hizo énfasis en que la falta de participación de Castillo en el procedimiento parlamentario lo excluye de ser considerado parte de la relación jurídica material de la demanda. Al concluir que el expresidente no podría resultar perjudicado en sus derechos, el tribunal dejó clara su postura sobre el reclamo de participación de Castillo, cerrando la puerta a su intervención en este caso específico. Esta decisión se suma a un ambiente de incertidumbre y disputas en la política peruana.
Por otro lado, la Primera Sala Constitucional de Lima ha admitido la demanda de amparo presentada por Dina Boluarte y ha programado una audiencia única virtual para el 12 de marzo a las 9:00 a. m. en la que participarán la exmandataria y su defensa legal, junto con la Procuraduría del Congreso. Este movimiento podría sentar un precedente importante en la resolución de controversias políticas entre expresidentes, mientras el país sigue atento a cómo se desarrollará este proceso judicial y las implicancias que tendrá en la gobernabilidad del Perú.
