El reciente anuncio del Gobierno Central sobre la resolución del contrato con la empresa PMO Vías ha generado preocupación entre los ciudadanos y expertos en infraestructura. Este contrato estaba destinado a proporcionar asistencia técnica para la construcción de la Nueva Carretera Central, un proyecto ambicioso valorado en 24 mil millones de soles. La medida no solo afecta este importante emprendimiento, sino también otras obras vitales como la Vía Expresa Santa Rosa y el puente de acceso al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que podría significar un retraso en el desarrollo de la infraestructura del país.
La directora ejecutiva de Provías, Claudia Liliana Dávila Moscoso, expuso en una carta que la decisión de resolver el contrato se basó en la participación de EGIS AVIA S.A.S. en actos de corrupción. De acuerdo con la información proporcionada, las empresas del grupo EGIS han sido sancionadas por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial debido a prácticas fraudulentas. Esto generó un clima de incertidumbre sobre la capacidad de PMO Vías de ejecutar sus compromisos en Perú, ya que se cuestiona la legalidad y la ética de sus operaciones.
Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha emitido un comunicado aclarando que el contrato de gobierno a gobierno con Francia, que financia la asistencia técnica para la Nueva Carretera Central, sigue vigente. La comunicación del ministerio se opone a la resolución del contrato con PMO Vías y asegura que las obras seguirán como se había pactado. Esta contradicción ha levantado cuestionamientos sobre la coordinación y comunicación interna en el gobierno, así como la posible desaceleración de proyectos críticos para el desarrollo económico del país.
PMO Vías, por su parte, ha denunciado la decisión como unilateral y sorpresiva, indicando que carece de fundamento jurídico. La empresa argumenta que se ha vulnerado su derecho a la defensa y ha indicado su disposición a llevar el asunto a instancias nacionales e internacionales, abriendo la puerta a un posible arbitraje. La empresa sostiene que los argumentos de Provías están basados en hechos ocurrieron en años anteriores en otros países, que no deberían afectar su labor actual en Perú.
Por último, el vínculo entre la Nueva Carretera Central y el financiamiento verde se mantiene como un tema prioritario en el contexto de la sostenibilidad y el desarrollo. Las autoridades habían previsto que esta obra no solo mejoraría la conectividad, sino que también adoptaría prácticas de construcción sostenibles. La incertidumbre en torno a la resolución del contrato y la implicación de PMO Vías podría influir en la capacidad del proyecto para cumplir con los estándares de financiamiento verde, un aspecto crítico en la agenda global actual para la infraestructura.
