El Congreso de Argentina ha dado luz verde a una enmienda que ha suscitado gran polémica en el país, facilitando la minería en regiones glaciares. Esta decisión ha sido objeto de críticas por parte de ambientalistas y defensores del medio ambiente, quienes sostienen que debilita las protecciones sobre fuentes de agua vitales. La pionera Ley de Glaciares, que fue aprobada en 2010, prohibió cualquier actividad minera y de exploración en estas regiones, estableciendo a los glaciares como reservas hídricas esenciales. Ahora, con la nueva reforma, se espera que la industria minera pueda realizar sus actividades en áreas que antes estaban protegidas, lo que ha encendido un fervor de debate en toda la nación.
La controversia se centra en la transferencia de responsabilidad para definir las áreas glaciares protegidas del Instituto Argentino de Nieve, Hielo y Ciencias Ambientales (Ianigla) a los gobiernos provinciales. Esto significa que cada provincia podrá decidir qué regiones son consideradas estratégicas para la protección de los glaciares. El presidente Javier Milei, un firme defensor del cambio, argumenta que esto otorga mayor autonomía a las provincias para manejar sus recursos y fomentar actividades económicas en territorios que, a su juicio, «no tenían nada que proteger». Sin embargo, hasta el momento, la reacción pública ha sido mixta, dividiendo la opinión entre quienes buscan impulsar el desarrollo económico y quienes abogan por la defensa del medio ambiente.
La diputada Natalia de la Sota, en representación de los opositores a la reforma, subrayó que el agua es un recurso fundamental para el desarrollo del país, advirtiendo sobre las implicaciones que esta ley podría tener en el acceso y preservación del agua dulce. «Sin agua, ni siquiera podemos pensar en un proyecto de crecimiento y desarrollo», expresó durante un debate. La enmienda, que ya había sido previamente aprobada por el Senado en febrero de 2026, se convierte en un punto de quiebre en la legislación ambiental argentina, obligando a los legisladores a enfrentar la compleja balanza entre desarrollo y conservación.
Por otro lado, la diputada Nancy Picón Martínez, defensora del proyecto, desestimó las preocupaciones expresadas por los opositores, sugiriendo que la industria minera estaba siendo desvirtuada en su imagen. Afirmó que la ley no compromete la protección de los glaciares, sino que busca dar un marco legal para la actividad minera, siempre que las áreas en cuestión no sean consideradas estratégicas. En respuesta a las críticas de Greenpeace y otros grupos ecologistas, insistió en que las nuevas regulaciones no están diseñadas para desmantelar la protección ambiental, sino para equilibrar el desarrollo económico con las necesidades de conservación.
Los responsables provinciales de regiones ricas en minerales, como Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan, expresaron su apoyo incondicional a la reforma, apuntando a que la ley de glaciares original había creado un obstáculo significativo para el desarrollo económico de sus territorios. Sin embargo, la organización Greenpeace se opone firmemente, argumentando que los glaciares y ambientes periglaciares desempeñan un papel crucial en la reserva de agua en el país. La bióloga Agostina Rossi Serra destacó que el descongelamiento gradual de estos ambientes alimenta los ríos y arroyos, vitales para el abastecimiento de agua, especialmente en regiones áridas donde el recurso es escaso. La controversia continúa, con posibles repercusiones en el panorama ecológico de Argentina a largo plazo.
