El ex senador y actual Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se ha convertido en el primer miembro en funciones del gabinete en testificar en un juicio penal desde 1983, al comparecer en el caso del ex congresista David Rivera, quien enfrenta acusaciones serias de lobby ilegal a favor del gobierno venezolano. En este juicio, que ha captado la atención nacional, se discute la supuesta participación de Rivera en esfuerzos por aliviar las sanciones impuestas a Venezuela durante la administración del expresidente Donald Trump, tras recibir un contratista de 50 millones de dólares por sus servicios. A pesar de su relación profesional con Rivera, Rubio no ha sido acusado de ninguna mala conducta en este caso.
Los fiscales alegan que Rivera y su asociada, Esther Nuhfer, trabajaron encubiertamente para el gobierno de Nicolás Maduro, buscando influir a los altos funcionarios de la administración Trump. En su declaración inicial, el fiscal Roger Cruz subrayó que el caso se fundamenta en «codicia y traición», afirmando que los acusados se comprometieron a utilizar su conexión con Rubio para manipular políticas a favor de Venezuela. La acusación detalla que, aunque no lograron una reunión con la asesora Kellyanne Conway, lograron coordinar al menos dos encuentros con Rubio, destacando la cercanía de su relación personal y profesional.
Durante su testimonio, Marco Rubio hizo hincapié en su distanciamiento de cualquier actividad ilícita relacionada con Rivera. Ante la pregunta de un fiscal sobre su empleo, Rubio bromeó al responder que tiene «dos trabajos» y reiteró que su conexión con Rivera no tuvo nada que ver con el caso de lobby en controversia. «Hemos trabajado juntos de cerca, pero no en esto, y no hay una sola persona que afirme lo contrario», manifestó Rubio a la prensa, insistiendo en su inocencia y falta de involucramiento en las acusaciones contra su ex compañero.
Los abogados defensores de Rivera han sostenido que su labor como lobby no violó la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, argumentando que su objetivo era facilitar el retorno de la empresa Exxon a Venezuela para revitalizar la industria petrolera del país. «Esto es como un caso de asesinato sin un asesinato», afirmó el abogado Ed Shohat, en una defensa que busca demostrar la falta de fundamentos sólidos en los cargos presentados contra su cliente. Esta defensa pone de relieve la complejidad del caso y las disputas sobre las intenciones detrás del trabajo de lobby de Rivera.
Con la atención nacional centrada en este juicio, muchos observadores ven las implicaciones que podría tener la resolución del caso no solo para Rivera y Nuhfer, sino también para la reputación de los funcionarios de EE. UU. y sus conexiones con gobiernos extranjeros. La situación se complica aún más al considerar la historia de Rubio y su relación con Rivera. La conversación sobre la ética en la política y la influencia del dinero en las decisiones gubernamentales sigue siendo un tema candente, y este juicio podría proporcionar un precedente importante en el tratamiento de casos de lobby que involucren a figuras políticas de alto perfil.
