El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, ha tomado una postura firme en contra de la reestructuración de Petroperú, una medida que ha despertado controversia y críticas en el contexto actual del país. A través de una demanda de inconstitucionalidad presentada ante el Tribunal Constitucional (TC), Gutiérrez busca invalidar el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, que establece medidas extraordinarias para reorganizar la petrolera estatal. La situación de Petroperú ha sido crítica en los últimos años, y aunque el Gobierno ha invertido miles de millones en su rescate, Gutiérrez alega que la forma en la que se están llevando a cabo estos cambios es ilegal y peligrosa.
En su argumentación, el Defensor del Pueblo sostiene que el decreto en cuestión infringe varias disposiciones de la Constitución Política del Perú, particularmente en lo que respecta a la separación de poderes y a la jerarquía normativa. Según Gutiérrez, el carácter transitorio del decreto no puede derogar una ley permanente y formal que solo puede ser modificada mediante un proceso legislativo en el Congreso. Esta afirmación resalta un punto esencial en el debate sobre el control que el Ejecutivo debe tener sobre cambios significativos en las empresas estatales.
Los efectos que este decreto podría tener sobre los trabajadores de Petroperú son otro de los puntos críticos que menciona Gutiérrez. El comunicado emitido por la Defensoría del Pueblo advierte que la reorganización de Petroperú habilitaría despidos masivos contrarios a los derechos laborales de los empleados. Este aspecto particular ha suscitado preocupación no solo entre los trabajadores, sino también entre diferentes sectores de la sociedad que observan la situación laboral en el país con gran atención. La estabilidad de los empleos en la industria petrolera es vista como un pilar para la economía nacional.
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha enfatizado que cualquier cambio en la estructura de Petroperú debe ser discutido y aprobado a través de una ley formal en el Parlamento. La exigencia de un debate legislativo en lugar de una decisión ejecutiva refleja una demanda más amplia por una gobernanza democrática y por la necesidad de asegurar que las decisiones que afectan al estado y a sus ciudadanos sean tomadas de forma transparente y equitativa.
En conclusión, la demanda presentada por Josué Gutiérrez Cóndor contra el decreto de urgencia representa un llamado a la legalidad y a la protección de los derechos de los trabajadores. Gutiérrez ha dirigido la acción legal no solo contra el presidente José Jerí y el premier Ernesto Álvarez Miranda, sino también contra el procurador público que representa a la PCM, Carlos Cosavalente. La Defensoría del Pueblo está solicitando al TC que declare la inconstitucionalidad del decreto y establezca directrices claras sobre la necesidad de contar con legislación adecuada para cualquier reorganización de empresas estatales, lo que subraya la importancia de la normativa en la gestión pública.
