El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, se enfrentó a un fuerte escrutinio el pasado 7 de julio de 2026, después de que se implementara su controversial impuesto sobre las segundas viviendas, conocido como el impuesto *pied-à-terre*. Este gravamen, destinado a propiedades de lujo que no son residencias principales, ha generado un mar de críticas, incluyendo un duro ataque del expresidente Donald Trump. El impuesto busca recaudar al menos $500 millones al año para cerrar el abultado déficit presupuestario de la ciudad, aunque muchos argumentan que su implementación podría resultar en la salida de residentes adinerados de Nueva York hacia regiones con impuestos más bajos, como Florida, donde Trump sostiene que muchos de estos ciudadanos han refugiado sus activos.
Trump ha descrito el impuesto como un «peligroso ‘experimento’ político» que amenaza el futuro de Nueva York. En sus declaraciones en Truth Social, el exmandatario aseveró que el impuesto costaría a la ciudad más de lo que podría llegar a generar, poniendo en riesgo la estabilidad económica de la región. Además, el presidente advirtió que el impuesto podría afectar sus propios intereses, ya que posee una residencia secundaria en Manhattan valorada en alrededor de $6 millones. En respuesta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, defendió el gravamen enfatizando que aquellos que tienen segundas residencias costosas deben contribuir proporcionalmente a los servicios públicos y a la infraestructura de la ciudad.
El impuesto *pied-à-terre* se aplica a propiedades residenciales que tienen un valor de mercado superior a $5 millones, con tasas que varían dependiendo de la valoración. Las casas unifamiliares enfrentan un gravamen que comienza en un 0.8%, mientras que los condominios y cooperativas pueden enfrentar tasas que oscilan entre el 4% y el 6.5%. Aunque el gobierno espera que esta medida ayude a aliviar el déficit, la implementación ha despertado preocupaciones entre propietarios y residentes, quienes ven el impuesto como una carga injusta que puede derivar en problemas adicionales para el mercado inmobiliario de la ciudad.
La controversia se ha intensificado, especialmente tras la presentación de una demanda por parte de un grupo de propietarios que cuestiona la validez de las cartas que se enviaron a aproximadamente 17,000 residentes que podrían estar sujetos al nuevo impuesto. Los demandantes alegan que este proceso ha puesto una carga excesiva sobre los residentes, quienes deben demostrar su elegibilidad para exenciones. La respuesta de la administración de Mamdani ha sido defensiva, sosteniendo que el impuesto es esencial para garantizar una mayor inversión en servicios públicos. Sin embargo, un juez de Staten Island ha emitido una orden de restricción temporal que ha obligado a la ciudad a pausar la implementación del impuesto mientras se resuelve la disputa legal.
A pesar de la creciente oposición y las decisiones judiciales adversas, Mamdani se mantiene firme, afirmando que el impuesto es crucial para mejorar las finanzas de Nueva York. En sus declaraciones, enfatizó que «siempre hay más preguntas que respuestas» cuando se introduce un nuevo impuesto. Con una audiencia programada para el 31 de agosto, el futuro del impuesto *pied-à-terre* sigue siendo incierto, pero el alcalde defiende su propuesta como una medida para asegurar financiamiento para las escuelas y mejorar las infraestructuras de la ciudad en el largo plazo.
