El Poder Ejecutivo ha decretado el estado de emergencia en 246 distritos de 77 provincias, ubicadas en 14 regiones del país, ante el riesgo inminente generado por las intensas lluvias. Esta medida fue formalizada a través del Decreto Supremo N.º 025-2026-PCM, que fue publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. El decreto tiene una duración de 60 días, lo que permite al Gobierno implementar acciones urgentes para mitigar los efectos de las precipitaciones en las zonas más vulnerables.
Los distritos afectados por esta declaración abarcan diversas regiones, incluyendo Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín y Tumbes. Estas regiones, conocidas por su diversidad climática, se encuentran ahora en una situación crítica donde las copiosas lluvias pueden causar inundaciones, deslizamientos de tierra y otros fenómenos naturales que amenazan tanto a la población como a la infraestructura existente.
El fenómeno climático de El Niño es conocido por provocar lluvias intensas en la costa norte del Perú, al tiempo que genera sequías en la sierra sur, lo que añade una capa de complejidad al manejo de emergencias. Este fenómeno, que se caracteriza por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, tiene efectos significativos sobre el clima y el ecosistema peruano. La comprensión de su comportamiento es crucial para anticipar sus efectos y planificar respuestas adecuadas a las comunidades afectadas.
La decisión del Gobierno se basa en los informes del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que han indicado que las jurisdicciones declaradas en emergencia son altamente vulnerables a desastres naturales y que las vidas y salud de miles de ciudadanos están en riesgo. Además, se ha considerado el informe ‘Perspectivas Climáticas. Periodo Febrero – Abril 2026’, elaborado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que advierte sobre la severidad de las condiciones climáticas esperadas en las próximas semanas.
El decreto establece que las medidas de respuesta deben estar directamente relacionadas con la situación de emergencia y podrán ser ajustadas según las necesidades que surjan durante su implementación. Se enfatiza que la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales ya ha sido superada, por lo que se requiere la participación activa y técnica del Gobierno Nacional para enfrentar esta crisis. Se espera que con esta intervención se logre brindar la ayuda necesaria a los más afectados y garantizar la seguridad de la población.
