El excongresista David Rivera, un republicano de Florida, ha sido condenado a 10 años de prisión federal por lavado de dinero y por actuar como un agente extranjero no declarado. Rivera, de 61 años, fue hallado culpable tras un juicio de siete semanas en el que se expuso cómo su firma de consultoría había sido contratada por la empresa estatal de petróleo de Venezuela, PDVSA, para hacer lobby ante miembros del Congreso con el propósito de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
Durante el juicio, varios testigos, incluyendo al secretario de Estado Marco Rubio y al congresista Pete Sessions, declararon que no estaban al tanto de las actividades de Rivera. Aunque los abogados defensores argumentaron que el lobby se dirigía hacia una subsidiaria estadounidense de la compañía, la corte determinó que las acciones de Rivera representaban una violación significativa de las leyes de registro de agentes extranjeros.
En un fallo que resuena en los círculos políticos de Washington, el tribunal dictaminó que Rivera y su asociada política, Esther Nuhfer, estaban involucrados en una «campaña secreta de influencia política» que había recibido un contrato millonario de 50 millones de dólares por solo tres meses de trabajo. Esta contratación por parte de Citgo tenía como objetivo hacer lobby durante una época marcada por la crisis entre Estados Unidos y el régimen del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro.
Los fiscales alegaron que, entre 2017 y 2018, Rivera y Nuhfer intentaron influir sobre el senador Rubio y otros altos funcionarios del gobierno, justo cuando la administración Trump intensificaba las sanciones contra Venezuela. La defensa sostuvo que sus acciones no requerían un registro formal dado que el contrato era con una filial estadounidense, lo que provocó un debate legal intenso que fue desestimado por la corte.
Al final del juicio, la jueza Melissa Damian no dejó lugar a dudas sobre la naturaleza de los fondos involucrados, afirmando que «no hay duda de que este dinero provino del régimen de Maduro». Como parte de su condena, además de la pena de prisión, Rivera deberá renunciar a varias de sus propiedades en Florida, marcando un capítulo oscuro en la historia política de este exfuncionario.
