El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que ha mantenido el poder desde 2007, ha propuesto recientemente extender su mandato presidencial por un año más. Esta medida dilucidada en un contexto de creciente autoritarismo es parte de una serie de reformas constitucionales que se prevén aprobar en la Asamblea Nacional, controlada por el gobierno. Se espera que esta extensión sea votada en septiembre, lo que subraya el poder consolidado que Ortega ha ejercido en el país durante sus casi dos décadas de gobierno, en un ambiente donde la oposición política es cada vez más reprimida.
La reforma constitucional no se limita únicamente a la extensión del mandato, sino que también introducirá mecanismos para impedir que opositores, considerados por el gobierno como «traidores» o «conspiradores», puedan postularse a futuros cargos públicos. Esto se alinea con la estrategia del régimen para silenciar a cualquier voz disidente, un enfoque que ha llevado al encarcelamiento, despojo de ciudadanía y exilio de varios líderes opositores desde 2018, cuando una violenta represión dejó un saldo de más de 300 muertos durante las protestas.
A lo largo de su mandato, Ortega ha realizado múltiples cambios en la normativa de presidencia. En 2014, logró que la Asamblea Nacional eliminara los límites a las reelecciones, transformando prácticamente el armazón democrático del país. Además, en un movimiento considerado por muchos como una medida para garantizar la continuidad de su poder, la Asamblea aprobó el plan de nombrar a su esposa, Rosario Murillo, como «co-presidenta», lo que le permitiría asumir el poder si Ortega no puede cumplir con su mandato debido a problemas de salud.
Las elecciones presidenciales más recientes en Nicaragua se celebraron en noviembre de 2021, en un contexto de total deslegitimación. Ortega se alzó con la victoria en unas elecciones marcadas por la represión de cualquier candidato que pudiera resonar entre los votantes, resultando en la detención de varias figuras de la oposición. La estrategia del régimen fue clara: limitar la competencia electoral para asegurarse un triunfo sin sobresaltos, dejando a la nación sin alternativas realistas en la arena política.
La situación de los derechos humanos en Nicaragua ha suscitado la atención de organismos internacionales. Volker Türk, jefe de derechos humanos de la ONU, ha denunciado que la represión del gobierno ha aumentado y que el estado de derecho está en constante erosión. Desde 2018, pocos nicaragüenses se han atrevido a desafiar públicamente a Ortega y Murillo, y aquellos que lo han hecho, incluyendo a disidentes en el exilio, han enfrentado ataques sistemáticos, confiscaciones de propiedades y un panorama sombrío para cualquier esperanza de cambio en la nación centroamericana.
