El gobierno yemení reconocido internacionalmente y el Consejo de Liderazgo Presidencial enfrentan uno de sus momentos más complicados desde su creación en abril de 2022 en Riad, Arabia Saudita. La crisis se ha agudizado debido a un deterioro económico severo, el colapso de servicios básicos y un aumento de las protestas populares en las provincias que están bajo su control. A medida que el grupo Houthi mantiene una posición dominante en términos de poder militar y recursos, la situación para el gobierno sigue complicándose, poniendo en tela de juicio su capacidad para gobernar efectivamente y cumplir con las necesidades de la población.
Los recientes informes de las Naciones Unidas destacan que Yemen sigue experimentando una de las peores crisis humanitarias del mundo, con más de 21 millones de personas necesitando asistencia humanitaria en 2026. La economía del país ha sufrido una contracción de más del 50%, impactando gravemente las instituciones públicas y la calidad de los servicios básicos. Este escenario ha creado un ciclo de miseria que parece interminable, donde la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades urgentes de la población se convierte en un caldo de cultivo para el descontento social.
La crisis económica se intensificó con la suspensión de las exportaciones de petróleo tras los ataques a los puertos a finales de 2022, lo que representó un golpe devastador para el gobierno, al ser el petróleo su principal fuente de ingresos. La caída de los ingresos estatales ha llevado a un aumento del precio del carburante y a una espiral inflacionaria que afecta el poder adquisitivo de los ciudadanos. Organizaciones internacionales advierten que este contexto contribuye al aumento del hambre y a la incapacidad del estado para proporcionar servicios esenciales a la población, incrementando la vulnerabilidad de millones de yemeníes.
En el sur del país, gobernaciones como Adén y Hadramout están experimentando una crisis eléctrica severa que ha desatado protestas masivas. Los prolongados cortes de luz de hasta 20 horas diarias, combinados con el aumento de los precios de los combustibles, han llevado a la población a manifestarse en las calles. Los ciudadanos han cerrado carreteras y organizado sentadas para demandar mejoras en las condiciones de vida y en los servicios públicos, lo que pone de relieve la desconexión entre el gobierno y las necesidades de la población.
La falta de unidad dentro del Consejo de Liderazgo Presidencial y la influencia persistente de Arabia Saudita complican aún más la situación política. Las divisiones entre las diversas fuerzas anti-Houthi han limitado la capacidad de toma de decisiones efectivas y la creación de instituciones sólidas. A su vez, esto refuerza la dominación política de los hutíes en el país. A medida que la situación económica sigue deteriorándose, la crítica hacia el gobierno yemení se intensifica, resaltando la necesidad urgente de una solución que priorice el diálogo inclusivo con todos los actores, incluyendo los hutíes, para lograr una estabilidad duradera en Yemen.
