Millones de trabajadores se unieron el miércoles 11 de noviembre a la primera huelga general en España en 14 años, convocada en protesta por la crisis de vivienda que afecta al país. Según los sindicatos, alrededor de 4 millones de trabajadores, lo que representa un 17% de la fuerza laboral nacional, participaron en esta histórica movilización. Los principales sindicatos del país, la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO), junto con asociaciones de inquilinos, lideraron esta huelga que se sintió en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, donde miles de personas marcharon para exigir medidas efectivas que regulen los precios de los alquileres y mejoren el acceso a la vivienda.
La última huelga general había tenido lugar en 2012, en un contexto marcado por los recortes en el gasto público y las reformas laborales severas que acompañaron a la crisis de deuda de la Eurozona. Coincidentemente, esta huelga se produce a tan solo semanas de las elecciones nacionales programadas para el 29 de noviembre, donde el tema de la vivienda y el aumento del costo de la vida se han convertido en cuestiones centrales en el debate político. Además, la huelga fue impulsada por la indignación que generó la muerte de un inquilino de 87 años tras un desalojo, lo que desencadenó una ola de protestas en demanda de justicia y reformas urgentes.
Notablemente, el gobierno del Primer Ministro Pedro Sánchez mostró un apoyo inusual a la huelga, con la esperanza de ganar simpatía de los votantes en las próximas elecciones. Sánchez utilizó las redes sociales para recordar que los derechos laborales en España son frutos de luchas colectivas y advirtió sobre la importancia de no retroceder en conquistas sociales. Por su parte, el Ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, y la Segunda Vicepresidenta, Yolanda Díaz, también respaldaron la movilización enfatizando que el derecho a la huelga es fundamental para avanzar en la lucha por los derechos de los trabajadores.
Mientras tanto, algunos sindicatos se distanciaron de esta huelga, argumentando que su cercanía con los comicios podría politizar el movimiento. Sin embargo, la portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid reafirmó el carácter apartidista de la huelga, indicando que las demandas estaban dirigidas a todos los niveles de gobierno sin distinción política. A pesar de las disparidades en las estimaciones de participación —los sindicatos citaron cifras de hasta 5 millones de participantes, mientras que la confederación de empresarios CEOE las minimizó—, la huelga fue calificada por sus organizadores como un gran éxito, especialmente en sectores estratégicos como el automotriz y en áreas costeras.
Las manifestaciones estuvieron acompañadas de incidentes en varias ciudades, donde la respuesta de la policía generó críticas por ser considerada desproporcionada. En Madrid, el desalojo de manifestantes y los enfrentamientos con las fuerzas del orden resultaron en al menos 75 arrestos. Las tensiones políticas han aumentado, con líderes de la oposición acusando al gobierno de Sánchez de utilizar la huelga como un arma electoral. A medida que se aproximan las elecciones, la crisis de vivienda continúa siendo un foco de conflicto, evidenciando el descontento social y el desafío que plantea para el actual gobierno, que tendrá que abordar esta problemática si desea mantener el apoyo de los ciudadanos.
