La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque ha tomado una decisión que ha cambiado drásticamente el rumbo del caso conocido como ‘Los Verdes del COVID’. Mediante la sentencia N°243-2026, el tribunal anuló la condena de 12 años de prisión impuesta al comandante PNP, Marcel Carbajal Tarazona, al mismo tiempo que absolvió al suboficial Yean Yampufé Sánchez de la acusación de colusión agravada. Este fallo permitirá que el comandante Carbajal, exjefe de Logística de la Dirtepol en Chiclayo, sea sometido a un nuevo juicio y cuestiona seriamente la validez de la prueba presentada en el proceso anterior, lo que ha levantado numerosas dudas sobre la solidez del caso.
La resolución de la sala dio pie a la eliminación de los antecedentes penales de Carbajal y Yampufé, con la intención de asegurar que en el nuevo juicio se revisen minuciosamente los testimonios y evidencias. Este nuevo análisis es crucial, ya que estará centrado en el careo entre el comandante y testigos clave que habían declarado sobre supuestos sobornos. Según la acusación, estos pagos estaban destinados a facilitar la compra de equipos de protección durante la crisis del COVID-19, lo que añade un nivel de gravedad al caso, dado el contexto de la pandemia y la urgente necesidad de tales productos.
Un aspecto fundamental de la anulación involucra la falta de claridad en los peritajes realizados durante el juicio anterior. La sala expresó que los resultados de las pruebas presentadas por ambas partes eran contradictorios y no se habían establecido conexiones claras con el daño económico causado al Estado. Este cuestionamiento abre la puerta a que los hechos sean revisados con más profundidad, con el objetivo de alcanzar una sentencia que efectivamente justifique la culpabilidad o inocencia de los acusados.
Para el suboficial Yampufé Sánchez, la evidencia presentada por la Fiscalía no resultó suficientemente sólida. Se demostró que este funcionario había contactado a varios proveedores, quienes ya habían trabajado con la DIRTEPOL en el pasado, lo que hace que el alegato de colusión resultara débil. Además, se argumentó que las comunicaciones de la proveedora, Giovanna Genoveva Luna Rojas, con el personal policial no demostraban un acuerdo para inflar precios, sugiriendo que la presión sobre ella para autoinculparse podría haber afectado el testimonio.
Este nuevo desarrollo ha abierto un debate sobre el alcance del perjuicio económico al Estado, que la Procuraduría Anticorrupción de Lambayeque cifró en alrededor de S/756 mil, proponiendo un incremento en la reparación civil que inicialmente se estableció en S/111 mil. A medida que se acerque la nueva fase del juicio, la atención pública se centrará en cómo se desarrollará este caso, que no sólo involucra a las fuerzas del orden, sino que también cuestiona la transparencia en la gestión de recursos durante una emergencia sanitaria.
