Las denuncias por corrupción en Arequipa han registrado un alarmante aumento, casi triplicándose desde 2019, lo cual fue evidenciado en el reciente informe del Índice de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) del Instituto Peruano de Economía (IPE). Según los datos, las denuncias pasaron de 4.9 a 13.1 por cada mil trabajadores públicos, reflejando una pérdida de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública. A este preocupante panorama se suma la degradación en la aprobación de la gestión del Gobierno Regional, que se desplomó de 23.5% en 2019 a apenas 15.6% en 2026, lo que evidencia un creciente descontento entre la población arequipeña hacia sus autoridades.
El informe del IPE no solo proporciona cifras inquietantes sobre las denuncias, sino que también las clasifica a Arequipa en un nivel de «riesgo medio-alto» por el desempeño institucional y el control de la corrupción. El puntaje de 5.1, que ha disminuido con respecto al 6.0 de 2019, pone de manifiesto la falta de confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones como la Policía Nacional, el Poder Judicial y la Contraloría, donde solo el 22.9% de la población confía en su labor, un número que está significativamente por debajo del promedio nacional y que, además, ha caído dramáticamente desde el 32.9% registrado hace cinco años.
En el ámbito de la gestión pública y eficiencia administrativa, Arequipa se encuentra clasificada como de riesgo medio-bajo, aunque las cifras revelan prácticas preocupantes. El 7.6% de las contrataciones en la región se realizan mediante selección directa, es decir, sin concurso público, lo que representa un incremento notable respecto al 1.0% de 2019. Estos datos no solo elevan el riesgo de fraccionamiento de contratos, sino que también crean un ambiente propicio para la corrupción, lo que es alarmante dada la importancia de asegurar procesos de contratación transparentes y competitivos.
Además, el stock de proyectos paralizados o abandonados en Arequipa ha aumentado considerablemente, pasando de 43 en 2019 a 61 en 2026, lo que pone de relieve la ineficiencia en la gestión de recursos públicos y la incapacidad de las autoridades locales para avanzar en el desarrollo. Esta situación representa un desperdicio de recursos que podría ser mejor utilizado para superar las brechas sociales existentes en la región, lo cual se convierte en una presión adicional sobre los futuros gobiernos para implementar cambios significativos.
Como remedio a esta crisis de confianza y para combatir la corrupción, el IPE ha recomendado que las próximas administraciones prioricen la transparencia y la rendición de cuentas. Propuestas como la implementación de un piloto de integridad digital que permita un registro único de denuncias en tiempo real y la generación de informes trimestrales podrían ayudar a restaurar la confianza ciudadana. Asimismo, es urgente que las nuevas autoridades alineen sus obras con las necesidades sociales y promuevan una mayor competencia en las adquisiciones públicas, pues solo así podrá construirse un marco más sólido en la lucha contra la corrupción y la mejora de la gestión pública en Arequipa.
