La reciente revelación de que la Municipalidad de Socabaya pagó S/62,350 por un proyecto que no puede ser ejecutado ha generado una gran controversia entre los ciudadanos y las autoridades. Este desembolso se destinó a la elaboración del estudio de preinversión y del expediente técnico para la construcción de un parque de recreación en La Campiña. Sin embargo, la situación se complica debido a que el terreno destinado para la obra está atravesado por líneas de alta tensión eléctrica, lo cual impide su utilización para este fin. La Contraloría ha sido clara al señalar que la falta de diligencia en el proceso ha llevado a este lamentable resultado.
El Informe de Control Específico N.° 011-2026-2-1313 de la Contraloría destaca que la municipalidad aprobó y pagó las prestaciones relacionadas con el proyecto a pesar de que los proveedores no cumplían con los requisitos establecidos. Esto representa un perjuicio económico significativo para la comuna, no solo por el monto pagado, sino también por la falta de planificación y supervisión en la gestión de estos recursos. Los ciudadanos de Socabaya están preocupados por cómo se manejan los fondos públicos, especialmente en proyectos que supuestamente beneficiarían a la comunidad.
Entre los responsables detectados por la Contraloría se encuentran funcionarios de alto nivel, como Gustavo Gómez, gerente de Desarrollo Urbano, y Shirley Zegarra, subgerente de Obras. La sanción a estos individuos es esencial para garantizar que situaciones similares no se repitan en el futuro. En el contexto de la administración pública, es crucial que los funcionarios actúen con responsabilidad y transparencia, asegurando que cada decisión tomada favorezca a la comunidad y se respete la norma.
El problema adicional radica en que el expediente técnico en cuestión ha perdido su vigencia, lo que significa que las contrataciones relacionadas con el proyecto ya no cumplen su propósito original. A pesar de ser consciente de los obstáculos por la presencia de torres de alta tensión en el terreno, la documentación aprobada no mencionaba estas limitaciones, lo que pone de manifiesto una falta de competencia en la planificación de obras por parte de la municipalidad. Esto exige una evaluación profunda de los procesos de contratación y fiscalización de proyectos públicos.
Ante esta situación, la Contraloría ha recomendado a la Procuraduría Pública del municipio iniciar acciones legales para recuperar el dinero perdido y determinar responsabilidades. Esto no solo es fundamental para sanear la gestión municipal, sino también para restaurar la confianza del público en las autoridades locales. La obligación de los funcionarios es trabajar para el beneficio de la comunidad, y la falta de control en la administración de los recursos públicos debe ser corregida para evitar futuras irregularidades.
