La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados ha iniciado una indagación preliminar contra el diputado Julián Pérez Mallqui, perteneciente a la agrupación Juntos por el Perú, tras una denuncia que alega agresiones físicas y psicológicas dirigidas a su expareja. Esta denuncia fue elevada por el diputado Cristian Aranda Vázquez, quien se hizo eco de una situación que ha generado gran conmoción tanto en el ámbito político como en la opinión pública. El presidente de la Comisión, Henry Albañil, confirmó que dicha denuncia ya ha sido notificada al legislador implicado, quien tendrá la oportunidad de presentar su defensa durante el proceso.
Según Aranda, si se comprueban las acusaciones contra Pérez Mallqui, se solicitará que este sea sancionado con la máxima pena posible, que implica 120 días de suspensión sin goce de haber. Este tipo de sanciones busca enfatizar la gravedad de las acusaciones de violencia de género, un tema que ha cobrado especial relevancia en la sociedad peruana actual. La Comisión de Ética tiene la responsabilidad de garantizar un ambiente seguro y respetuoso tanto dentro del Congreso como en el ámbito social, por lo que se han comprometido a realizar una evaluación exhaustiva del caso.
El escándalo se intensificó tras la detención del congresista en la comisaría de San Miguel el pasado 30 de julio, radicada en una denuncia por supuesta agresión física. Días después, Pérez Mallqui intentó desvirtuar las acusaciones, alegando que la denuncia provenía de un «tema de cólera» y describiendo el incidente como confuso. Esta respuesta ha sido considerada inadecuada por varios sectores que demandan claridad y responsabilidad ante situaciones tan delicadas, especialmente en un contexto donde la violencia contra la mujer es un tema de preocupación central.
En una sesión simultánea, el diputado Javier Cipriani, de Renovación Popular, propuso que los integrantes de la Comisión de Ética revelen sus antecedentes, incluyendo cualquier investigación fiscal o proceso judicial previo. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad, mostrando la voluntad del Congreso de asegurar que los miembros de dicha Comisión sean evaluados de acuerdo a su idoneidad ética. La medida se percibe como un paso necesario para abordar cualquier posible sesgo y asegurar que la integridad de la institución no se vea comprometida.
La actual indagación y las circunstancias que rodean al Diputado Pérez Mallqui ponen de manifiesto un desafío clave dentro de la política peruana: la lucha contra la violencia de género y la rendición de cuentas entre los representantes electos. La atención mediática y la presión pública en torno a este caso podrían sentar un precedente importante para la forma en que se manejan las acusaciones de este tipo en el futuro. Con este caso, se recalca la necesidad urgente de un entorno político más seguro y responsable, donde se priorice el bienestar de las víctimas por encima de cualquier interés partidario o personal.
