En una sesión extraordinaria llevada a cabo en La Yarada Los Palos, los miembros del concejo distrital tomaron la grave decisión de suspender temporalmente al alcalde **Samuel Cueva Huisa**, quien fue detenido por presuntos delitos de tocamientos indebidos y agresión. Estos actos se habrían producido durante una celebración del Día del Padre, donde, según informes, la víctima, **Katherine Aquise Castillo**, habría sido atacada por el alcalde y su acompañante. La decisión unánime de los regidores responde a la gravedad de las acusaciones y busca mantener el orden y la estabilidad dentro de la administración municipal.
El primer regidor, **Guillermo Fernando Aranda Hurtado**, asumirá temporalmente las funciones de alcalde durante el proceso judicial que enfrenta Cueva. Aranda destacó la importancia de garantizar la continuidad de los servicios municipales, afirmando que las acciones y proyectos de la comuna no se verán afectados por la situación del alcalde suspendido. «Somos una institución que está al servicio del pueblo y tenemos que seguir funcionando. Las acciones y los proyectos continúan, el trabajo no se detiene», indicó, subrayando su compromiso con la gestión efectiva del distrito.
La suspensión del alcalde se basa en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), que establece que un funcionario puede ser suspendido ante un mandato de detención. Esta medida es fundamental para asegurar que la administración municipal no se paralice debido a conflictos internos, y permite a los responsables continuar con su labor sin interrupciones. La ley normativa busca crear un ambiente de estabilidad ante cualquier eventualidad que afecte el correcto funcionamiento de las municipalidades.
Samuel Cueva Huisa permanece detenido en la carceleta de la Unidad de Flagrancia, donde la Fiscalía ha ampliado su detención por un período adicional de siete días. Este tiempo será utilizado para llevar a cabo diversas diligencias, incluyendo toma de declaraciones y entrevistas en cámara Gesell, así como la revisión de filmaciones del evento en el que ocurrieron los hechos. La vigilancia sobre el proceso legal es crucial, dado el impacto que tiene en la comunidad y la expectativa de justicia por parte de la ciudadanía.
La víctima, **Katherine Aquise Castillo**, ha recibido 12 días de incapacidad médico-legal debido a las agresiones sufridas, lo que acentúa la seriedad de la situación. La comunidad de La Yarada Los Palos se mantiene atenta a los desarrollos del caso, esperanzada en que se imponga la justicia y se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros incidentes de violencia. La situación ha generado un debate sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y las implicaciones de sus actos en la comunidad que representan.
