En el Callao, una destacada investigación ha revelado la implicación de una organización criminal denominada “Los Bembos de Puerto Nuevo” en una alarmante infiltración en Sedapal, el servicio de agua potable de la región. Según informes de la Policía Nacional, este grupo delictivo habría utilizado un sindicato formalmente reconocido, denominado **Fuerza Comunal Puerto Nuevo**, para acceder a contratos vinculados a la gestión de servicios en Sedapal. Este sindicato fue homologado por el Gobierno Regional del Callao, durante la gestión de Ciro Castillo, proporcionando una cobertura legal que les permitió operar con mayor facilidad y engañar a las autoridades.
Entre las figuras señaladas en la junta directiva del sindicato se encuentran presuntos líderes de la organización delictiva. En particular, el presidente del sindicato, Humberto Cosme Rodríguez, conocido como “Toro”, junto a su hermano Diego Cosme Rodríguez, alias “Murris”, y Michael Torres Amésquita, alias “Steven”, ocupan puestos clave dentro de esta estructura. La Policía ha determinado que estos individuos no solo administran el sindicato, sino que también juegan un papel importante en las operaciones criminales de la organización, lo que plantea serias interrogantes sobre la corrupción y la infiltración en la administración pública.
Las investigaciones han revelado que la estructura sindical facilitó el ingreso de los miembros de la organización a empresas contratistas de Sedapal, como CONCYSSA y el consorcio Global Micha, donde realizaron labores de mantenimiento en la infraestructura del servicio de agua. A través de estas contrataciones, lograron acceder a instalaciones sensibles de la planta de tratamiento de agua en Puerto Nuevo, transformando el lugar en un centro de operaciones criminal. Según la policía, este espacio también fue utilizado para almacenar drogas y armas, evidenciando el grave riesgo que esta infiltración representa no solo para la seguridad pública, sino también para la integridad de los servicios básicos en la región.
Las autoridades fiscales han comenzado a desentrañar complicadas redes de falsificación de documentos, donde se ha detectado que algunos de los sospechosos presentaron certificados de estudios falsos para conseguir empleos dentro de estas empresas. Uno de los individuos investigados presentó un documento que fue posteriormente desmentido por la institución educativa mencionada, confirmando así la falsedad del mismo. Esto añade otra capa a las acusaciones de la organización, que enfrenta no solo cargos relacionados con la infiltración en instituciones públicas, sino también por extorsiones, narcotráfico y homicidios por disputas territoriales, lo que subraya la complejidad y el peligro de su accionar.
La culminación de las investigaciones llevó a la Policía a llevar a cabo un operativo en Puerto Nuevo, que resultó en la detención de nueve personas vinculadas a la organización criminal. Los operativos se realizaron en 16 inmuebles, mostrando un esfuerzo coordinado para desmantelar esta red delictiva. El Poder Judicial ha dictado prisión preventiva para los principales responsables, mientras que aún quedan dos miembros prófugos, que son intensamente buscados. Este caso ha puesto en alerta a la ciudadanía y a las autoridades sobre la vulnerabilidad de los servicios estatales ante la corrupción y el crimen organizado, destacando la necesidad de fortalecer el control y supervisión sobre los sindicatos y las contrataciones en el sector público.
