El 18 de junio de 2026, está programada una audiencia preliminar crucial en el caso del general en retiro de la Policía Nacional, Víctor Zanabria Angulo. La diligencia, que comenzará a las 09:00 a. m., estará a cargo de la jueza Lorena Paola Sandoval Huertas. Esta audiencia es significativa, ya que podría marcar un hito en el ámbito de los derechos humanos y la responsabilidad de altos mandos policiales en actos violentos durante manifestaciones.
El Ministerio Público ha formulado una acusación severa contra Zanabria Angulo y su colega, el coronel Frank Ricardo Chang Campos, ambos señalados por presunta omisión en la comisión de delitos de lesiones graves. Estos incidentes habrían ocurrido durante las protestas que estallaron en diciembre de 2022 y enero de 2023, las cuales fueron escenarios de desbordes violentos y agresiones a ciudadanos. La Fiscalía ha solicitado una condena de ocho años de prisión efectiva para ambos oficiales.
La audiencia se llevará a cabo bajo un formato mixto. Mientras que los representantes de la Fiscalía asistirán de manera presencial en la sede judicial ubicada en el Cercado de Lima, los demás imputados y sus defensas podrán participar virtualmente a través de la plataforma Google Meet. Este enfoque busca facilitar la participación de todos los involucrados, garantizando así la transparencia y el acceso a la justicia.
El carácter inaplazable de esta diligencia ha sido enfatizado por el Poder Judicial, lo cual resalta la urgencia y la importancia de abordar este caso de violaciones a los derechos humanos. La Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Derechos Humanos ha liderado la acusación, con un fuerte enfoque en las responsabilidades de quienes ejercen el poder dentro de las fuerzas del orden, especialmente en situaciones de conflicto social.
La sociedad espera con atención los acontecimientos de esta audiencia, en un contexto en el cual la rendición de cuentas es un tema central. La situación refleja un cambio en la percepción sobre el papel de la fuerza pública en el manejo de protestas, e indica un mayor compromiso por parte de las instituciones judiciales para enfrentar la impunidad y promover el respeto a los derechos humanos en el país. Desarrollos futuros en este caso serán observados de cerca tanto por la ciudadanía como por organizaciones de derechos humanos.
